Desde el 1º de octubre de este año, la ciudadanía o el estatus migratorio ya no es considerado para denegar una licencia para ejercer como abogado en Nuevo México.
La Corte Suprema del estado de Nuevo México publicó una nueva regla, la cual entró en vigor desde el 1 de octubre de 2022, que detalla que la ciudadanía o estatus migratorio no será un factor considerable para denegar la licencia para el ejercicio de derecho en el estado.
Esto beneficia a ciertos grupos de inmigrantes en específico, por ejemplo, a los beneficiarios de Acción Diferida (DACA), que a pesar de que pueden obtener un documento de autorización de empleo (EAD), no es suficiente para ejercer como abogados o abogadas.
Es decir, miles de beneficiarios DACA se especializan en diversas profesiones en las que no pueden ejercer debido a leyes que lo prohíben. Por ejemplo, carreras relacionadas con medicina, leyes, electricistas certificados, maestros, entre otras. Sin embargo, algunos estados cuentan con sus propias regulaciones, como es el caso de Nuevo México.
Nuevo México ha ofrecido desde 2017 licencias legales condicionales para beneficiarios DACA y en 2020 el proyecto de ley 137 en el senado de Nuevo México propuso la eliminación del estatus migratorio como una barrera para la licencia o certificación de ciertas profesiones.
Y ahora, tras la decisión de la Suprema Corte del Estado, las personas que cumplan con los requisitos de ser admitidos por el Colegio de Abogados de Nuevo México para ejercer su profesión, no necesitarán ser ciudadanos, residentes, y no se tomara en cuenta su estatus migratorio.
De esta forma, beneficiarios de DACA pueden ejercer su profesión como abogados y además la nueva regla protege su elección. Esta medida beneficia a los cerca de 5 mil 700 beneficiarios de DACA en el estado.
