La moción aprobada en forma unánime, protege la información e integridad de los estudiantes y toma medidas para asistir a familias inmigrantes, incluso prohíbe a la policía escolar colaborar con autoridades federales.

La Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo distrito escolar más grande del país con 640,000 alumnos, votó unánimemente este martes en favor de proteger la información de sus estudiantes, prohibir toda colaboración con las autoridades migratorias, tomar medidas para asistir y proteger a los inmigrantes en sus escuelas.

Los miembros de la Junta de LAUSD, Mónica García y el Dr. Ref Rodríguez presentaron la resolución especial para convertir las escuelas de Los Ángeles en “zonas seguras” y articular claramente la política escolar respecto a posibles actividades de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) en sus planteles.

“Debemos asegurar que hacemos todo lo que está a nuestro alcance para apoyar a cada uno de nuestros estudiantes y eso incluye defenderlos a ellos y sus familias cuando se sientan amenazados”, dijo García.

El arresto del inmigrante Rómulo Avélica González por autoridades migratorias el pasado 28 de febrero, a pocas cuadras de la escuela de una de sus hijas (la escuela charter Avance en Lincoln Heights), prendió las señales de alarma para muchos padres y estudiantes, respecto a la posibilidad de que las escuelas fueran un lugar de riesgo para familias inmigrantes en la nueva era de EUA.

Aunque el secretario de Seguridad Nacional ha reiterado que la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), sigue respetando las reglas internas que prohíben a sus agentes entrar a lugares “sensibles” como escuelas, iglesias y hospitales, el arresto de Avélica impulsó la creación de una nueva coalición comunitaria para proteger al estudiantado.

CASAS (California Schools are Sanctuaries), la coalición formada por activistas y maestros, trabajó con la Unión de Libertades Civiles Americanas del sur de California para diseñar la nueva política del LAUSD, que servirá para articular claramente y castigar cualquier violación a las reglas por parte de cualquier persona dentro del distrito.

Sylvia Torres Guillén, directora de igualdad educativa para la ACLU de California, dijo que la resolución patrocinada por García y Rodríguez está modelada en las mejores prácticas aconsejadas por su organización.

“Han adoptado casi todas nuestras recomendaciones, porque estamos convencidos de que en este país las escuelas deben ser santuario de aprendizaje, descubrimiento y libertad, y el miedo acaba con todo eso”, dijo Torres Guillén. “Ésta medida permite ir un paso más allá de lo que hacía el distrito y continuar protegiendo a nuestras familias”.

La diferencia con la práctica actual, por ejemplo, es que la nueva política castigaría a cualquier miembro del personal de una escuela que revelara información personal de cualquier estudiante a una entidad externa, dijo Torres Guillén.

“Esta medida articula y reafirma que las escuelas son lugares seguros para las familias inmigrantes y para todos”, dijo la abogada.

La nueva política requiere, entre otras cosas, que el distrito entrene a maestros y otro personal para lidiar con cualquier presencia o pregunta de las autoridades migratorias, que las escuelas y otros centros relacionados al distritos provean información y recursos para la defensa de los inmigrantes y que se formen alianzas con grupos comunitarios para realizar sesiones informativas y dar acceso a recursos legales.

También requiere que el superintendente escolar, cree una red de respuesta rápida para asistir a estudiantes y familiares que hayan sido detenidos.

Además, regula la información de los estudiantes y la comunicación con cualquier autoridad externa, incluyendo autoridades migratorias de la siguiente manera.

• Prohíbe que las autoridades escolares pidan o registren información del estatus migratorio o lugar de nacimiento sobre el estudiante o su familia, y prohíbe que se comparta tal información, si la tienen.
• Se prohíbe que la escuela informe a agentes federales de información personal relacionada al estatus migratorio, asistencia pública, identidad sexual y récord disciplinario escolar, entre otras.
• Se prohíbe entregar información a agentes migratorios hasta donde sea posible dentro de la ley federal.
• Establece un proceso de revisión por autoridades superiores y legales del distrito en caso de haber una solicitud de información u orden judicial de parte de autoridades migratorias.
• Ningún empleado del distrito, incluyendo la policía de los campus, colaborará con órdenes de arresto de ICE y, en caso de haberlos, las referirá a superiores distritales y a los abogados del distrito.
• Ordena a la policía escolar mantenerse al margen de la aplicación de leyes migratorias, no participar en el trabajo de las autoridades federales y no permitir que ICE utilice ninguna escuela para realizar arrestos.

Fuente: El Diario NY.