The Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) confirmó que actualmente “realiza un estudio de las cuotas” en cumplimiento de un mandato del Congreso.

Joanna Ferreira, subdirectora interina de medios de la USCIS, dijo que “las cuotas se revisan cada dos años. La revisión de las cuotas está en curso y programada para concluir durante el año fiscal 2016”. La última alza general de tarifas se registró el 23 de noviembre de 2010. Después de esa fecha (en 2012 y 2014), USCIS mantuvo y ajustó algunos cobros, dejando estables la mayoría de los servicios.

Las alzas más significativas del 2010 fueron:

-Solicitud para reemplazar la tarjeta de residencia permanente (Green Card) por medio del Formulario I-90, que aumentó de $290 a $365

-La petición de pariente extranjero por medio del Formulario I-130, que aumentó de $355 a $420

-La notificación de apelación o moción por medio del Formulario I-290B, que aumentó de $585 a $630

-La solicitud de ciudadanía por medio del Formulario N-400, que aumentó de $460 a $600

Aunque también se registraron bajas de tarifas, tal el caso de la petición de prometido por medio del Formulario I-129F, que disminuyó de $455 a $325; y la solicitud de reemplazo de un documento de naturalización o ciudadanía, de $380 a $345.

A partir del 1 de febrero de 2013, USCIS implementó una tarifa de inmigrante de $165 para cada extranjero que reciba un paquete de visa de inmigrante por parte de un consulado o embajada fuera de Estadios Unidos, incluyendo Canadá y México. Quienes no hagan efectivo el cobro no reciben la tarjeta verde hasta que cancelen la cuota, advierte la agencia.

De acuerdo con USCIS se financia en 90% gracias a sus visados y permisos. En 2010 la dependencia tenía un déficit de $200 millones que estimó cubrir el aumento.

Una de las tarifas más difíciles de cubrir por los inmigrantes es el precio de las apelaciones, teniendo en cuenta que la mayoría de los indocumentados no gana lo suficiente por el hecho de no tener regularizada su situación de permanencia legal en el país.

El Formulario I-290B se utiliza para pedir, por ejemplo, la revisión de un caso. Pero los requisitos básicos son dos: pagar los $630 y presentar el documento dentro de un plazo de 30 días contados a partir de la respuesta del servicio de inmigración que apela.

Uno de los trámites más comunes que se lleva a cabo durante este proceso es la Moción de Reapertura, que se presenta cuando se logran reunir pruebas o evidencias para cambiar una decisión tomada por el servicio de inmigración.

Otro trámite frecuente en una Corte de Apelaciones es la Moción de Reconsideración. Este paso se da cuando se logra explicar a las autoridades de inmigración que existió un error legal durante un proceso que culminó con una negativa.

En estos dos casos no se presenta un formulario específico. Se inicia el proceso de manera administrativa y el servicio de inmigración asigna un nombre y un número.

Desde 2004 el Departamento de Seguridad Nacional ha advertido que el costo por estas gestiones ha sufrido aumentos significativos. En 1989 el costo de una apelación era de $50, mientras que en 2004 fue estimado en $382. El 23 de noviembre de 2010 aumentó de $585 a $630.

Fuente: Univisión