Más de 18 mil inmigrantes serán indemnizados por La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles con una cifra de US$14 millones por haber sido deportados y detenidos ilegalmente después de que el Departamento del Alguacil los ofreciera a ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).

André Birotte Jr., en el 2018, decidió que las solicitudes de retención que los alguaciles realizaban eran inconstitucionales, a petición de ICE, entre 2010 y 2014, acerca de la base que rechazaba ilegalmente el pago de una fianza que dejaba a las personas en libertad.

El veredicto del juez federal de distrito, hizo que los inmigrantes fueran compensados económicamente. La Fundación Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos de derechos civiles, celebraron el fallo.

La demanda fue interpuesta en el 2012, y cuando la sentencia fue desvelada, el ex alguacil Jim McDonnell, aseguró que la demanda “obedecía a prácticas pasadas”.

Alex Villanueva, el nuevo jefe del alguacil, logró remover al personal de ICE de las cárceles del condado y no dar a los inmigrantes para deportarlos.

Jennie Pasquarella, abogada de ACLU del sur de California, declaró que “creo que unas 18,500 personas en total fueron afectadas. Desafortunadamente no tenemos manera de saber cuántos de ellos fueron deportados a México, Centroamérica y otros países”.

Agregó que “con el dinero se podrá recuperar parte de todos los daños sufridos por los inmigrantes, a causa de la cooperación que ha brindado el condado de Los Ángeles a ICE. Yo espero que, con este acuerdo, el condado de Los Ángeles ya no siga violando los derechos civiles de las personas con este tipo de políticas en el futuro”.

Para solicitar el beneficio, los demandantes deben demostrar que los detuvieron (tras una orden detainer presentada por ICE) los alguaciles de Los Ángeles entre octubre del 2010 y junio del 2014.

ACLU insta a los afectados a que “deben registrarse lo antes posible para que podamos determinar si son un miembro de la clase y asegurarnos de que se les notifique si el Departamento del Alguacil les debe dinero”.

Por último, Salvador Sanabria, presidente de El Refugio, organización defensora de inmigrantes, comentó que “es una reivindicación para aquellos que fueron afectados por esa política de colaboración entre el condado de Los Ángeles y los centros de detención de ICE”.

Fuente: Univisión Noticias