Los votantes de Arizona decidieron en noviembre pasado la aprobación de la Proposición 308, la cual hace que los inmigrantes indocumentados sean elegibles para pagar las mismas tarifas universitarias que los ciudadanos estadounidenses. Además, también les permite acceder a apoyos financieros a nivel estatal.

Previamente, los estudiantes indocumentados de Arizona, a pesar de haber crecido en el estado y haber desarrollado su vida académica en el sistema de salud pública estatal, no podían aplicar a ayuda financiera y además estaban obligados a pagar tarifas más altas en la universidad.

Andrea Vásquez, una Dreamer de 29 años, que tuvo que enfrentar los desafíos de ser estudiante indocumentada en la universidad, explicó que en su tiempo de estudiante la tarifa para estudiar en una universidad estatal superaba los 1 6 mil dólares anuales. Durante su etapa como estudiante tuvo que tener varios trabajos para poder costear su educación universitaria.

Además, en 2011, Arizona adoptó una de las políticas anti-inmigrantes más severas del país, la cual permitía que la policía local preguntara a cualquier persona “sospechosa”, sobre si se encontraban ilegalmente en el país y les exigían mostrar una prueba legal de su estancia en el país.