La Acción Diferida Para La Responsabilidad Parental (DAPA), fue creada durante el segundo periodo de la administración de Barack Obama. Este programa brindaba protección a familiares indocumentados de ciudadanos estadounidenses.
El 21 de noviembre de 2014, el presidente Obama extendió la orden ejecutiva que indicaba al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), no priorizar la deportación de padres de Ciudadanos de Estados Unidos y de residentes permanentes legales (LPR).
DAPA permitía a los beneficiarios, hijos de ciudadanos estadounidenses: Residir legalmente en Estados Unidos por un periodo de tres años, con opción a renovación, trabajar legalmente en Estados Unidos bajo las mismas condiciones, viajar dentro el país y obtener un número de seguro social (SSN).
Sin embargo, el 15 de junio de 2017, durante la administración de Donald Trump, el DHS firmó un memorando que rescindió DAPA, al considerar que “no hay un camino creíble a seguir para litigar la política actualmente prohibida”.
Ahora, durante la administración de Joe Biden, el Baker Institute ha expuesto la necesidad de garantizar un programa, que como DAPA, proteja de deportación a más de 3 millones de inmigrantes sin documentos con hijos estadounidenses.
Las políticas migratorias que busca implementar Joe Biden, benefician en mayor proporción a la población de inmigrantes más jóvenes, sin embargo, el Baker Institute detalla que es necesario un plan integral de reforma migratoria: “En ausencia de un plan completo de reforma migratoria aprobado por el Congreso, lidiar con el estado de estos 3.4 millones de migrantes no autorizados a través de DAPA o un enfoque similar”.
El Baker Institute explica que DAPA podría beneficiar a más personas que el Estatus de Protección Temporal y que Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
