Conocer los derechos constitucionales, documentar incidentes y reportarlos ante las autoridades correspondientes son las principales herramientas disponibles frente a estas situaciones.
Las redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han generado un clima de incertidumbre en muchas comunidades latinas en Estados Unidos, incluso entre quienes tienen ciudadanía o residencia legal. Diversos medios han reportado el perfilamiento racial por parte de agentes de ICE en redadas migratorias, entre las personas afectadas se incluyen ciudadanos y residentes permanente. El perfilamiento racial ocurre cuando agentes detienen o interrogan a una persona basándose en su apariencia física, idioma o etnicidad y no en una conducta concreta, lo cual es una práctica que viola las protecciones constitucionales que aplican a toda persona en territorio estadounidense, independientemente de su estatus migratorio.
Además, el 8 de septiembre del año pasado la Corte Suprema emitió una orden que permitió que agentes de ICE reanudaran detenciones de inmigrantes en el área de Los Ángeles utilizando factores como la raza o etnia, el uso de español y el empleo en ciertas industrias, es decir, perfilamiento racial.
Sin embargo, la Cuarta Enmienda de la Constitución protege a todas las personas contra arrestos y registros arbitrarios sin causa probable. La Quinta Enmienda garantiza el derecho a no autoincriminarse. Esto significa que un ciudadano o residente legal no está obligado a responder preguntas de agentes de ICE sobre su estatus migratorio, origen o identidad, y puede ejercer en silencio su derecho a no declarar. En caso de detención, toda persona tiene derecho a preguntar si está libre de irse y, si no lo está, a solicitar hablar con un abogado antes de responder cualquier pregunta.
Si un ciudadano considera que fue detenido, interrogado o tratado de forma diferenciada por razones raciales o étnicas, tiene varias vías para documentar y reportar el incidente. La primera es registrar la mayor cantidad de detalles posible, como fecha, hora, lugar, descripción de los agentes involucrados, número de placa de vehículos oficiales y cualquier testigo presente. La segunda es presentar una queja formal ante la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), disponible en su sitio web. También es posible reportar el incidente ante la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ), o acudir a organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que ofrece recursos legales y recibe denuncias sobre abusos de autoridad.
Cabe destacar que, si eres residente, se recomienda siempre portar tu Green Card, el no hacerlo es considerado una infracción menor, además de ponerte en riesgo de ser detenido arbitrariamente. En cambio, los ciudadanos estadounidenses no están obligados a portar documentos que prueben su ciudadanía.
A nivel comunitario, organizaciones como la Red Nacional de Inmigración y Derechos de los Refugiados (NILC), el Proyecto de Derechos de Inmigrantes (IRP) y grupos locales de defensa legal ofrecen orientación gratuita o de bajo costo, y en muchos casos cuentan con líneas de atención en español. Diversas organizaciones recomiendan, incluso para ciudadanos, preparar con anticipación una tarjeta con los derechos básicos ante una detención, tener a la mano el número de un abogado de confianza y conocer los planes de emergencia familiares.
