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Presentan enmienda constitucional en la Cámara de Representantes para eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de personas sin estatus migratorio legal

Esta iniciativa conjunta busca la reinterpretación de la Decimocuarta Enmienda para condicionar la ciudadanía por nacimiento a que al menos uno de los padres sea ciudadano, nacional o residente permanente legal de Estados Unidos.

La representante Nancy Mace, republicana por Carolina del Sur, anunció el 1 de junio de 2026 que presentará una enmienda constitucional para eliminar la ciudadanía automática por nacimiento o birthright citizenship a hijos de personas que se encuentran en el país sin estatus migratorio regular. La resolución conjunta fue introducida formalmente el 2 de junio.

La propuesta busca clarificar el alcance de la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868, que establece la ciudadanía para todas las personas nacidas en territorio estadounidense y “sujetas a su jurisdicción”. La resolución de Mace propone que esta condición se cumpla únicamente cuando al menos uno de los progenitores sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.

Con ello, los hijos de personas sin estatus migratorio legal dejarían de obtener la ciudadanía de forma automática por el solo hecho de nacer en suelo estadounidense. Lo mismo ocurriría con los hijos de titulares de visas de trabajo temporal y, en general, con los hijos de dos padres con visas de no inmigrante o de inmigrante, a pesar de que cuentan con estatus legal.

De acuerdo con estimaciones citadas en el comunicado de la legisladora, entre 250 mil y 320 mil bebés nacen cada año en Estados Unidos de madres sin estatus migratorio legal. Mace argumenta que la ciudadanía automática en estos casos genera costos fiscales para los contribuyentes y puede facilitar procesos de regularización migratoria para los familiares de los menores nacidos en el país.

Para entrar en vigor, la enmienda requeriría la ratificación de tres cuartas partes de las legislaturas estatales, una cifra históricamente difícil de alcanzar. La propuesta se suma a los esfuerzos del Poder Ejecutivo, pues la administración del presidente Donald Trump emitió en enero de 2025 una orden ejecutiva con un objetivo similar, aunque esta fue bloqueada por los tribunales federales.