Aunque, las leyes de Estados Unidos no prohíben que las ciudades adopten estas políticas, estas acciones son contrarias a  diversas órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump, que buscan que las autoridades locales y estatales colaboren con agentes de inmigración federales en labores como detención de inmigrantes irregulares.  Aunque algunos estados han aprobado leyes que buscan obligar a las autoridades locales a colaborar con ICE. Así como a la orden ejecutiva que busca limitar el acceso a recursos federales a ciudades santuario.

En este sentido, una demanda en contra de estas acciones sobre de las ciudades santuario fue presentada el jueves 27 de febrero. Aunque  inicialmente fue presentado el 7 del mismo mes, esta demanda enmendada agregó nuevas jurisdicciones como demandantes.

Esta demanda, liderada por los condados californianos de Santa Clara y San Francisco, ahora cuenta con el respaldo de San José, San Diego, Oakland, Sacramento, Santa Cruz, Emeryville y Monterey en California; las ciudades Minneapolis y St. Paul en Minnesota; Santa Fe en Nuevo México; y Seattle en Washington. Además, la demanda inicial  incluyó a Portland, Oregón, New Haven, Connecticut y King, Washington.

“Se trata de gobiernos locales, grandes y pequeños, en partes muy diferentes del estado y la nación, que están tomando una postura contra el intento del gobierno federal de apropiarse inconstitucionalmente de los recursos locales para ayudar con la aplicación de la ley de inmigración”, dijo el abogado del condado de Santa Clara, Tony LoPresti.

Por su parte, el abogado de San Francisco, David Chiu, recordó que las medidas actuales son similares a aquellas tomadas en 2017 durante el primer mandato de Trump. “Quieren apoderarse de las fuerzas del orden locales, mientras presionan a los funcionarios locales con amenazas de des financiamiento o procesamiento”, dijo Chiu. Además, enfatizó en que dichas acciones son ilegales e inconstitucionales.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, expresó que: “Minneapolis se mantendrá firme, tomará medidas y protegerá a nuestras comunidades. Las políticas de nuestra ciudad son muy claras: no es nuestro trabajo ni nuestra jurisdicción hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Nos unimos a esta demanda junto con otras ciudades del país para detener la extralimitación federal y oponernos a la intimidación flagrante”.