El acceso a los teléfonos y la facilidad para realizar llamadas es uno de los tantos problemas que enfrentan los inmigrantes detenidos en los centros de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, parece que pronto se arreglará.

Al menos así lo dejó entrever la propia ICE, quien ha accedido a un convenio para facilitar llamadas gratis, directas y sin monitoreo dentro de sus centros de detención.

De acuerdo al convenio, alcanzado tras una demanda interpuesta en 2013 por la oficina de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, ICE acordó cambiar sus reglas en cuatro centros de detención del norte del estado, poniendo fin a severas restricciones en el uso de teléfonos.

En teoría, ICE proveerá conexiones rápidas para hacer llamadas gratis, directas y sin monitoreo a abogados de inmigración o agencias gubernamentales que provean servicios legales gratuitos.

Cabe destacar que los inmigrantes se valen de los teléfonos -casi como única opción- para comunicarse con familiares, abogados y consulados, los cuales son piezas vitales en su lucha legal para permanecer en Estados Unidos.

En el convenio, ICE se comprometió a los siguientes puntos, mismos que tendrá que cumplir dentro del próximo año:

-Instalar 40 teléfonos (10 por cada centro de detención) para llamadas privadas durante el día, así como cuartos telefónicos privados para llamadas legales.
-Permitir llamadas legales a familiares, amigos y otras personas para obtener testimonio, documentos y otros documentos de apoyo en casos migratorios.
-Extender el tiempo permitido para una llamada, de 20 a 40 minutos y de 15 a 60 minutos para algunas agencias no lucrativas, consulados y oficinas federales.
-Proveer facilitadores que procesen pedidos de llamadas y aseguren un tiempo apropiado en los cuartos telefónicos.
-Ofrecer crédito telefónico y otros beneficios a aquellos que no puedan costear estas llamadas.

Julia Harumi Mass, abogada de la oficina del ACLU del Norte de California, indicó que “cuando la gente está encerrada con cargos migratorios, merecen tener acceso a un teléfono que funcione. La Constitución y la justicia básica lo requiere".

Fuente: EFE