Investigadores y organizaciones de salud mental documentan cómo el miedo a la detención y la deportación genera estrés crónico, ansiedad y trauma en comunidades inmigrantes, con efectos que se extienden a familias enteras y a la sociedad en general.
Estados Unidos alberga la mayor población inmigrante del mundo, aproximadamente 46 millones de personas, equivalentes al 14% de su población total. Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha intensificado significativamente sus operativos de detención y deportación, y ha ampliado su autoridad para actuar incluso contra personas con tarjeta de residencia, visas o parole humanitario. Ante ese contexto, investigadores y organizaciones de salud mental han realizado diversas investigaciones para comprender y atender las consecuencias psicológicas de estas políticas.
Según la Asociación Estadounidense de Psicología (APA), el impacto en la salud mental de las comunidades inmigrantes comienza mucho antes de cualquier encuentro con ICE. El proceso migratorio en sí puede dejar secuelas profundas, por ejemplo, en muchos casos los inmigrantes llegan al país tras haber vivido condiciones de peligro, explotación, violencia y separación familiar, lo que predispone a cuadros de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático (PTSD) que persisten mucho tiempo después de su llegada.
A eso se suma el estrés derivado de la incertidumbre legal, por ejemplo, Mitra Naseh, investigadora de la Universidad de Washington en St. Louis, ha documentado cómo la precariedad del estatus migratorio genera ataques de pánico, cambios de peso, depresión y una profunda sensación de impotencia. Con frecuencia, estas personas interiorizan su situación como una falla personal, sin reconocer que se trata de barreras estructurales impuestas por las políticas públicas. Muchos sienten la obligación de no ser percibidos como una carga o un problema.
Según diversos estudios, el miedo a la detención tiene consecuencias concretas y medibles. Por ejemplo, las familias evitan acceder a servicios de salud y programas de asistencia gubernamental o los padres mantienen a sus hijos fuera de la escuela. Un estudio de cinco distritos escolares en el Valle Central de California encontró que los operativos migratorios realizados en los primeros dos meses de 2025 aumentaron las ausencias estudiantiles de forma significativa.
Por otro lado, especialistas también han encontrado particularidades en familias de estatus migratorio mixto, sobre todo en la disparidad legal entre hermanos. En estas familias hay hermanos con acceso a educación universitaria y apoyo financiero, mientras que también hay hermanos que no tienen esa posibilidad, lo cual genera tensiones, culpa y expectativas que pesan sobre los hijos con ciudadanía.
En cuanto a las detenciones, múltiples estudios han analizado sus repercusiones en la salud mental y física. Aunque la detención migratoria es una medida civil y no penal, las condiciones en los centros frecuentemente se asemejan a las del sistema penitenciario federal. Se han documentado casos de abuso sexual, hacinamiento, negación de atención médica y restricciones a la libertad religiosa en distintos tipos de instalaciones, incluidas las operadas por empresas privadas, que están sujetas a estándares no vinculantes y con mínima supervisión federal.
La investigadora Altaf Saadi, del Massachusetts General Hospital y la Harvard Medical School, señala que las condiciones de detención no solo agravan diagnósticos de salud mental preexistentes, sino que pueden generar nuevos. El confinamiento solitario, utilizado como medida disciplinaria, afecta de manera desproporcionada a personas con enfermedades mentales. A mayor tiempo en detención, mayor riesgo de desarrollar PTSD y conductas suicidas.
Asimismo, los factores de riesgo varían según el género y la edad. Las mujeres enfrentan mayor probabilidad de desarrollar trastornos psiquiátricos y niveles más altos de depresión durante la detención. Los niños pueden experimentar PTSD, ansiedad, pérdida de peso y problemas de sueño, y quienes son separados de sus madres presentan mayor riesgo de desarrollar problemas conductuales como hiperactividad.
El impacto se extiende también a los familiares que permanecen fuera de los centros de detención, pues cuando un padre o madre es detenido o deportado, la pérdida del ingreso familiar propicia múltiples consecuencias que afectan desde el acceso a alimentos hasta la educación. Estudios han mostrado que el padre o cuidador que permanece experimenta niveles elevados de estrés, depresión y dificultades para conciliar el sueño, lo que interfiere con su capacidad de atender a sus hijos.
En los casos de detención y posterior deportación, el impacto psicológico es todavía mayor. Claudia Masferrer, investigadora de El Colegio de México, describe cómo las personas deportadas llegan a sus países de origen sin dinero ni redes de apoyo, a veces después de décadas de ausencia, a entornos que ya no reconocen. Algunas enfrentan estigma social por haber adoptado costumbres estadounidenses o por la presunción de que fueron deportadas por razones criminales. Muchas regresan a las mismas condiciones de violencia o persecución que las llevaron a emigrar en primer lugar. Investigadores del Global Migration Project han documentado casos de personas deportadas que fueron privadas de la libertad, torturadas o que incluso perdieron la vida tras su regreso.
Otros estudios han detallado que, entre los hijos que permanecen en Estados Unidos, algunos se culpan por la deportación de sus padres. Cuando las familias se reúnen, ya sea en el país de origen o tras el regreso del padre deportado, los niños a veces tienen dificultades para reconocer la figura parental o aceptar su autoridad, y persiste el miedo a que la separación vuelva a ocurrir.
Ante la magnitud del problema, el director ejecutivo de la APA, Arthur Evans Jr., subrayó que el impacto de estas políticas no se limita a las familias inmigrantes. La hipervigilancia, el miedo y la desconfianza generados por los operativos afectan a comunidades enteras, independientemente del estatus migratorio de sus integrantes, y erosionan los lazos sociales que protegen la salud mental de toda la población.
Los investigadores consultados por la APA coinciden en que es necesaria una reforma migratoria que contemple la formación de profesionales de salud con competencias culturales que permitan generar confianza en las comunidades afectadas, el papel activo de las escuelas como espacios de apoyo y la preparación comunitaria ante posibles separaciones familiares.
