El fin de las protecciones especiales en las universidades ha propiciado que actualicen sus protocolos ante operativos migratorios dentro de los campus.
Tras la eliminación de la política federal que restringía las acciones de las autoridades migratorias en “zonas protegidas” como escuelas, hospitales y lugares de culto, las universidades de Estados Unidos enfrentan un nuevo panorama de incertidumbre ante posibles operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de sus campus.
De acuerdo con el documento FAQ: Immigration Enforcement on Campuses publicado en octubre de 2025 por la Higher Ed Immigration Portal y la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, la decisión del gobierno federal del 20 de enero de 2025 anuló la política de 2021 que prohibía, “en la mayor medida posible”, arrestos o detenciones en áreas protegidas. Con ello, los campus universitarios dejaron de tener un estatus especial ante las autoridades migratorias.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) nunca determinó los lineamientos sobre cómo se llevarían a cabo las acciones en universidades, el informe aclara que la eliminación de la política no convierte automáticamente a los campus en objetivos de prioridad para ICE.
Derechos y responsabilidades en el campus
El documento enfatiza que los agentes de inmigración pueden ingresar libremente a espacios públicos del campus, pero necesitan una orden judicial o el consentimiento de un funcionario autorizado para acceder a zonas no públicas, como oficinas, aulas o dormitorios. Las universidades deben definir claramente qué áreas son públicas o privadas, señalarlas adecuadamente y establecer protocolos de actuación.
Asimismo, los empleados y estudiantes no están obligados a proporcionar información ni permitir el acceso a las instalaciones sin una orden firmada por un juez. Las órdenes administrativas de ICE, que son comunes en los operativos migratorios, no tienen el mismo valor legal que las judiciales.
Privacidad y protección de datos estudiantiles
El texto recuerda que la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) protege la información académica de los estudiantes, la cual solo puede divulgarse ante una orden judicial válida. Las solicitudes basadas en órdenes administrativas no obligan a las universidades a compartir datos personales.
No obstante, las instituciones deben tener especial cuidado con los registros de estudiantes internacionales bajo visa F-1 o J-1, cuyos datos son administrados por el Student and Exchange Visitor Program (SEVP). Dichos registros pueden ser revisados por las autoridades federales como parte del cumplimiento legal, aunque la información que puede compartirse es limitada.
Operaciones recientes y preparación institucional
El documento también alerta sobre operativos como “Operation Twin Shield”, llevado a cabo por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en Minnesota, que investigó más de mil solicitudes de beneficios migratorios, incluyendo a estudiantes internacionales con permisos de trabajo (OPT y STEM OPT). Este tipo de acciones podría replicarse en otras regiones, por lo que las universidades deben revisar sus registros, capacitar a su personal y proporcionar a sus estudiantes materiales sobre sus derechos.
Las recomendaciones finales incluyen:
- Designar puntos de contacto institucionales para atender a oficiales federales
- Establecer guías claras para responder a solicitudes o rumores sobre presencia de ICE
- Difundir materiales de “Conoce tus derechos” entre la comunidad estudiantil y el personal
- Garantizar que las políticas institucionales respeten las protecciones constitucionales de la Cuarta, Quinta y Decimocuarta Enmiendas
Aunque el nuevo marco legal no autoriza persecuciones indiscriminadas en universidades, sí amplía la discrecionalidad de las agencias federales. En ese contexto, el informe sugiere a los campus universitarios a fortalecer sus mecanismos de respuesta y comunicación para proteger a sus estudiantes, docentes y empleados, sin violar las leyes federales sobre “albergue” de personas indocumentadas, y garantizar que el respeto a los derechos civiles se cumplan en los campus.
