Líderes religiosos y colectivos comunitarios alertan sobre el aumento del temor en comunidades migrantes tras la eliminación de protecciones en espacios sensibles y el incremento de deportaciones.
En la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, líderes religiosos y organizaciones de apoyo a migrantes expresan preocupación por los efectos de las recientes medidas migratorias impulsadas en el segundo mandato del presidente Donald Trump. Entre los cambios destacan la eliminación de las protecciones a “espacios sensibles”, como lo son iglesias, escuelas y hospitales, el aumento de las deportaciones y el recorte de fondos federales destinados a organizaciones que ofrecen asistencia legal a inmigrantes.
El obispo de El Paso, Mark Seitz, aseguró que muchas personas evitan salir incluso a realizar actividades básicas por temor a ser detenidas. En marzo, Seitz encabezó una vigilia en solidaridad con la comunidad migrante, acompañado de líderes de fe de distintos países y representantes del Vaticano.
Por otro lado, el colectivo Hope Border Institute, con sede en El Paso, advirtió que el endurecimiento de las políticas también pone en riesgo a las organizaciones religiosas y comunitarias que ofrecen apoyo humanitario. Su director, Dylan Corbett, señaló que la asistencia a migrantes ahora podría ser interpretada como “tráfico” o “contrabando”, lo que incrementa también el riesgo legal para quienes brindan ayuda.
La situación ha propiciado acciones legales, pues grupos religiosos, incluidos los cuáqueros en Maryland y Oregón, presentaron demandas argumentando que la nueva política vulnera la libertad religiosa. En enero, un juez federal en Maryland bloqueó parcialmente la orden ejecutiva, al considerar que imponía una carga “real y sustancial” sobre las organizaciones que históricamente han trabajado con migrantes.
Asimismo, algunos migrantes han optado por regresar a sus países de origen, incluso en contextos de riesgo, ante el temor de ser detenidos en Estados Unidos. Organizaciones locales, como el Hope Border Institute, ya han asistido en retornos voluntarios, priorizando la seguridad de las familias.
El impacto económico también se refleja en los servicios de asistencia legal, por ejemplo Estrella del Paso, el ministerio de ayuda legal de la diócesis católica de la ciudad, perdió cerca de cinco millones de dólares en financiamiento federal y tuvo que suspender casi la mitad de su personal. Pese a ello, la organización ha buscado alternativas, incluyendo un fondo de emergencia, para continuar brindando talleres informativos y representación legal a solicitantes de asilo.
