Tres centros de detención familiares de inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se encuentran inmersos en una disputa legal y podrían seguir operando a pesar de la fecha ordenada por una jueza de California.
De acuerdo con la Corte del Distrito Centro de California, los centros de detención de ICE violan el acuerdo Flores vs. Meese que prohíbe la detención de menores de edad en centros restrictivos. Por ello, la jueza Dolly Gee fijó como plazo el 23 de octubre (hoy) para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cumpla la orden.
Los tres centros de detención en cuestión son los ubicados en Karnes City y Dilley, ambos en San Antonio, Texas, y un tercero en el condado Berks, Pensilvania. Los tres fueron habilitados tras la crisis de niños migrantes de 2014.
El pasado 16 de octubre, The Associated Press reportó que una agencia de Texas inspeccionaría los centros ubicados en ese estado para determinar si les concede licencias para el cuidado y el alojamiento de menores inmigrantes; significando un esfuerzo del DHS por mantener las instalaciones en marcha, librándose de la orden y del plazo fijado por el tribunal.
En cuanto a capacidad, ambos centros de Texas, a su máximo rendimiento, pueden albergar a 2 mil 932 personas. En caso que se rechacen los permisos, el gobierno federal podría sobrepasar la fecha límite del 23 de octubre y afrontar nuevas preguntas y reclamos sobre el futuro de la detención de familias inmigrantes en los centros de ICE.
Al respecto, Clara Long, investigadora de Human Rights Watch, explicó que la detención por tiempo indefinido en estos centros “produce secuelas psíquicas particularmente graves en quienes se han visto obligados a huir de su lugar de origen”.
Fuente: La Raza
