Las redadas implementadas a partir de los primeros días de 2016 por agentes federales contra inmigrantes que cuentan con órdenes de deportación finales y que, en teoría, han agotados todos los recursos legales posibles por defender su estancia en Estados Unidos, ha sido uno de los principales temas de controversia en el país norteamericano; siendo activistas y abogados quienes más han hablado sobre el tema.
A pesar de lo dicho por las autoridades federales sobre los inmigrantes que son prioridad durante las redadas, un reciente estudio elaborado por Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York, dio a conocer que la mayoría de los inmigrantes detenidos y deportados durante las primeras redadas no tuvieron representación legal alguna; lo cual avivó la discusión sobre el tema.
La abogada Bárbara Hines, ex directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Texas, comentó al respecto que, para efectos de imagen, “es mejor arrestar y deportar a un adulto de 18 años que a una madre con su bebé, esto debido a la prensa negativa que genera”. Hines añadió que “claramente la falta de abogados, como señaló el TRAC, y honorarios accesibles”, están causando esto: un elevado número de casos perdidos en las cortes y la emisión de órdenes de deportación.
La discusión que se escucha entre los activistas pro inmigrantes se centra en por qué el gobierno estadounidense insiste en deportar a inmigrantes que tienen orden de deportación, estando enterados que un elevado porcentaje de ellos no tiene representación legal en las cortes.
“La situación es complicada”, dijo al respecto Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Universidad de California en San Diego. “En general, los menores no acompañados que solicitan el asilo seguirán siendo menores de edad para propósitos de inmigración. No me extrañaría saber que ICE no conoce el tema de jurisdicción, y asumo que ahora, por cumplir los 18 años, ya dejan de ser menores. No obstante, si el menor de edad fue deportado en ausencia la orden de deportación se puede ejecutar sin importar la edad”, detalló.
Por su parte, el abogado José Pertierra, de Washington DC, dice que “no son redadas” lo que practican los agentes federales, “por lo menos no en el sentido clásico de la palabra”, comenta. “ICE no está haciendo redadas en los puntos de trabajo (en las fábricas, los hoteles, los restaurantes, etc). Tampoco hay redadas en las escuelas. Lo que está ocurriendo son operaciones policiales para detener a ciertas personas que están clasificadas como prioridad para ser deportados”.
Pertierra expone que “ante esas prioridades, el inmigrante indocumentado tiene ciertas defensas. Entre ellas está la posibilidad de pedir asilo o la protección que le concede la Convención contra la Tortura. Pero es difícil calificar para el asilo. Uno tiene que demostrar que el temor de persecución que tiene está vinculado a su opinión política, su religión, su etnia o raza, su religión o su membresía en un grupo social perseguido”.
El abogado agregó que “muchos jueces piensan que el temor de persecución, basado solamente en las condiciones generalizadas de violencia o de extorsión no ampara a la persona bajo las reglas de asilo. Por eso les niegan la solicitud a tantas personas que vienen huyendo de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras”.
Como posible solución a este problema, Pertierra sugirió que, a los niños centroamericanos que piden asilo, “la Casa Blanca les conceda un nuevo programa de TPS (Temporary Protection Status). Así no tendrían que establecer su elegibilidad para el asilo para no ser deportados”.
“Hay mucho temor en la calle, pero si verdaderamente comprendemos lo que está ocurriendo podemos evitar el pánico indebido”, indicó el abogado.
Fuente: La Opinión, Univisión
