La orden ejecutiva de Trump que busca restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento, que forma parte de la 14ª Enmienda lleva más de un año bloqueada por los tribunales.
El 1 de abril de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos orales del caso Trump v. Barbara, la disputa que determinará si la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el primer día de su segundo mandato, en enero de 2025, es constitucional. Esa orden busca eliminar la ciudadanía automática para hijos de migrantes indocumentados y de personas con estatus migratorio temporal, como titulares de visas de trabajo o estudiantes. Desde su firma, ningún tribunal federal la ha considerado válida y nunca ha entrado en vigor.
La llegada del caso a la Corte Suprema no ocurrió de manera inmediata, pues las primeras demandas contra la orden ejecutiva derivaron en un caso distinto, Trump v. CASA, resuelto en junio de 2025, en el que la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida. En cambio, una mayoría de seis jueces conservadores determinó, por razones procesales, que los tribunales de distrito habían excedido su autoridad al emitir órdenes que protegían no solo a los demandantes, sino a cualquier persona en el país, figuras conocidas como “universal injunctions”.
Esa decisión abrió la posibilidad de que la orden de Trump pudiera aplicarse de forma parcial a quienes no estuvieran cubiertos por una demanda específica. La ACLU respondió inmediatamente al presentar una nueva demanda colectiva, Barbara v. Donald J. Trump, en representación de todos los niños nacidos en suelo estadounidense de padres indocumentados o con estatus temporal. La propia Corte había señalado que las demandas colectivas eran el mecanismo adecuado para obtener protección a nivel nacional. En diciembre de 2025, los jueces aceptaron escuchar el caso.
¿Qué se decidirá en la Corte?
La pregunta central que la Corte deberá responder es si la orden ejecutiva cumple con la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda, que establece que toda persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana. El procurador general D. John Sauer argumentó ante los jueces que esa cláusula fue diseñada originalmente para otorgar ciudadanía a los esclavos liberados tras la Guerra Civil, y que no fue concebida para extenderse a hijos de migrantes sin estatus legal o con presencia temporal. El concepto clave en su argumentación es el de “lealtad”, el cual sostiene que quienes no tienen una lealtad directa e inmediata al país no cumplen el requisito de estar “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos.
Esa interpretación choca con el precedente del caso United States v. Wong Kim Ark, resuelto en 1898, en el que la Corte Suprema determinó que un hombre nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano estadounidense por nacimiento. La abogada de la ACLU, Cecillia Wang, quien presentó el caso ante el tribunal y es ella misma beneficiaria de la ciudadanía por nacimiento al haber nacido de padres taiwaneses con visa de estudiante, recordó ese precedente: “Esa regla fue consagrada en la 14ª Enmienda para ponerla fuera del alcance de cualquier funcionario del gobierno”.
¿Qué no se decidirá en la Corte?
La decisión que se espera antes de julio de 2026 tendrá alcances definidos. Los jueces se pronunciarán sobre si esta orden ejecutiva específica es constitucional, pero no redefinirán por sí solos el significado de la 14ª Enmienda de manera permanente, algo que requeriría un proceso legislativo o una enmienda constitucional. Tampoco resolverán las implicaciones prácticas para los casos de personas nacidas durante el periodo en que la orden ha estado bloqueada, ni entrarán en debates conexos sobre otros grupos, como hijos de diplomáticos o residentes de larga data sin estatus legal regularizado. Asimismo, la Corte tampoco podría quitarles la ciudadanía a personas nacidas en Estados Unidos de padres no ciudadanos. Su ciudadanía está protegida por la 14ª Enmienda.
Si la Corte falla a favor de la administración, decenas de miles de bebés nacidos mensualmente en Estados Unidos de padres no ciudadanos, ya sean indocumentados o con estatus temporal, quedarían sin ciudadanía estadounidense. Si la mayoría invalida la orden, el debate regresará al Congreso, donde cualquier cambio estructural a la ciudadanía por nacimiento tendría que abrirse camino por la vía legislativa o constitucional y no a través de orden ejecutiva.
