La organización advierte que la medida podría aumentar hasta 152% los costos educativos y afectar el acceso a la universidad.
La organización de derechos civiles Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) anunció que apelará una decisión judicial que permite al estado de Kentucky eliminar el acceso a tarifas de matrícula estatal para estudiantes indocumentados que residen en la entidad. El caso se originó luego de una demanda presentada en junio de 2025 por el Departamento de Justicia (DOJ), que buscaba invalidar una regulación vigente desde 2002. Dicha política permitía que estudiantes indocumentados egresados de preparatorias públicas en Kentucky pagaran la misma matrícula que otros residentes en universidades estatales.
En noviembre, MALDEF obtuvo autorización para intervenir en el litigio en representación de Kentucky Students for Affordable Tuition, una asociación de estudiantes sin estatus migratorio legal que se beneficiaban de esta política. Sin embargo, el pasado 31 de marzo, el juez Gregory F. Van Tatenhove, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Este de Kentucky, aprobó un acuerdo entre el gobierno federal y el estado que elimina dicha regulación.
El fallo se basa en que la política estatal contraviene la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 y la cláusula de supremacía de la Constitución estadounidense. A partir de esta decisión, Kentucky queda impedido de aplicar tarifas reducidas a estudiantes sin estatus migratorio regular.
MALDEF cuestionó el fundamento legal de este acuerdo. Su presidente y asesor general, Thomas A. Saenz, señaló que no existe una base jurídica sólida para avalar el decreto, al considerar que vulnera la facultad del estado para definir sus propias dinámicas educativas.
Por su parte, la abogada de la organización, Olivia Alden, destacó que durante más de dos décadas los estudiantes graduados de preparatorias en Kentucky pudieron acceder a tarifas estatales sin importar su estatus migratorio, y que la apelación busca restituir ese principio de igualdad.
De acuerdo con los argumentos presentados por MALDEF, la eliminación de esta política podría incrementar el costo de matrícula hasta en un 152%, pasando de 446 a 897 dólares por crédito semestral. Este aumento pondría en riesgo la continuidad académica de muchos estudiantes, quienes podrían verse obligados a abandonar sus estudios.
El caso de Kentucky se suma a otros litigios similares impulsados a nivel federal. Según la organización, el Departamento de Justicia ha utilizado una estrategia legal comparable en Texas, donde una política estatal que permitía matrícula reducida a estudiantes indocumentados también fue impugnada. Ese caso continúa en proceso de apelación, mientras que MALDEF también busca defender medidas similares en Oklahoma.
La apelación será revisada por la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, instancia que deberá determinar si la eliminación de este beneficio cumple con el marco legal vigente o si, como argumenta la organización, afecta derechos y competencias estatales en materia educativa.
