Desde inicios de 2025, más de 340 beneficiarios han sido detenidos y al menos 90 deportados, mientras los retrasos en renovaciones dejan a decenas de miles sin estatus ni permiso de trabajo.
El 15 de junio se cumplieron 14 años desde que el gobierno federal, bajo la administración del expresidente Barack Obama, creó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que desde entonces ha permitido a cientos de miles de jóvenes indocumentados estudiar, trabajar y construir una vida en Estados Unidos. Sin embargo, organizaciones de defensa de inmigrantes, como United We Dream, advierten que el programa atraviesa el momento más crítico de su historia, en medio de una serie de acciones administrativas y judiciales que lo están desmantelando de manera progresiva.
Desde el inicio de 2025, agentes federales de inmigración han detenido a más de 340 beneficiarios de DACA y deportado a al menos 90, según registros del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS). A eso se suman retrasos sin precedentes por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para procesar renovaciones del programa, lo que ha dejado a decenas de miles de personas sin estatus legal vigente ni permiso de trabajo mientras esperan una respuesta.
En abril de 2026, la Junta de Apelaciones de Inmigración emitió una decisión que facilita la detención y deportación de quienes tienen DACA, lo que deja en una situación aún más vulnerable a los beneficiarios.
Además, DACA no es el único programa bajo presión, pues la administración también ha impugnado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas provenientes de Haití, Siria y otros países, así como el derecho a la ciudadanía por nacimiento. United We Dream, describe lo que ocurre como una “deslegalización masiva” de programas que benefician a inmigrantes que avanza simultáneamente en múltiples frentes.
Entre las proyecciones de las posibles consecuencias económicas, destacan que, si DACA llegara a desaparecer por completo, se estima que 440 mil trabajadores serían expulsados del mercado laboral, con una pérdida de hasta mil empleos por cada día hábil durante dos años. Entre los afectados habría mil 500 trabajadores de salud y 700 maestros cada mes, y las pérdidas económicas totales podrían alcanzar los 648 mil millones de dólares.
Por otro lado, más de 100 mil niños, la gran mayoría ciudadanos estadounidenses, han sido separados de sus padres como consecuencia de detenciones y deportaciones aceleradas, en muchos casos sin acceso a un proceso legal adecuado. Organizaciones de defensa señalan que estas familias incluyen vecinos, trabajadores de hospitales, maestros de escuelas públicas y contribuyentes que forman parte activa de sus comunidades.
Ante este panorama, grupos de defensa de inmigrantes hacen un llamado al Congreso para que apruebe una vía hacia la ciudadanía para millones de personas, a través de legislación como la DREAM Act o la American Dream and Promise Act, propuestas que llevan años sin avanzar en el Congreso y que sus impulsores consideran la única solución estructural al problema.
