Un tribunal federal de apelaciones escuchó el 4 de junio la solicitud de estudiantes, organizaciones de derechos migrantes y Austin Community College para poder defender la ley que fue bloqueada el año pasado tras un acuerdo entre la administración Trump y el fiscal general de Texas.
Estudiantes, organizaciones de derechos de los inmigrantes y Austin Community College presentaron el jueves sus argumentos ante el Quinto Circuito de Apelaciones de Estados Unidos para que se les permita defender el Texas Dream Act, la ley que durante más de dos décadas permitió a ciertos estudiantes indocumentados pagar matrícula de residente en universidades del estado. La ley fue bloqueada hace exactamente un año después de que la administración Trump demandara a Texas y el fiscal general Ken Paxton acordara no defenderla.
El Texas Dream Act fue aprobado en 2001 con un amplio respaldo de ambos partidos y fue firmado por el entonces gobernador republicano Rick Perry. La ley permitió que estudiantes sin estatus migratorio legal accedieran a la matrícula de residente si habían cursado y concluido la preparatoria en Texas, residido en el estado durante al menos tres años antes de graduarse y firmado una declaración comprometiéndose a solicitar la residencia permanente en cuanto fuera posible. Esta fue una medida histórica, pues Texas fue el primer estado del país en aprobar una medida de este tipo.
La demanda del Departamento de Justicia (DOJ) argumenta que la ley viola una disposición federal de 1996 que prohíbe a los estados otorgar beneficios de educación superior basados en residencia a personas sin estatus migratorio legal, a menos que ese mismo beneficio esté disponible para ciudadanos estadounidenses de cualquier parte del país. Paxton coincidió con ese argumento y el juez federal Reed O’Connor bloqueó la ley el mismo día en que se presentó el acuerdo. Cuando los grupos solicitaron intervenir para defender la norma, O’Connor rechazó la petición, lo que derivó en la apelación actual.
Ahora, los grupos que acuden al Quinto Circuito, entre ellos Students for Affordable Tuition, La Unión del Pueblo Entero (LUPE), Austin Community College y el estudiante de posgrado Oscar Silva, argumentan que el juez actuó de manera precipitada al rechazar su solicitud de intervención sin antes evaluar si cumplían los requisitos legales para hacerlo. Sostienen además que la elegibilidad bajo el Texas Dream Act no se basaba exclusivamente en la residencia, sino en una combinación de criterios que incluían la graduación en Texas, los años de residencia y el compromiso de regularizar el estatus migratorio. “El pueblo de Texas tiene derecho a un litigio genuino antes de que un tribunal federal invalide su ley aprobada democráticamente”, señalaron los abogados de LUPE, ACC y Silva en su escrito.
El impacto de la ley y de su bloqueo es considerable. Según los mismos grupos, el Texas Dream Act había abierto el acceso a la educación superior a más de 57,000 estudiantes, y su eliminación podría costarle al estado cientos de millones de dólares anuales en salarios, ingresos y gasto de consumo reducidos. Desde el bloqueo, las universidades enfrentaron confusión sobre quién califica para matrícula de residente, y al menos un estudiante con DACA fue cobrado inicialmente a tarifas de no residente, según reportes previos del Texas Tribune. Varios colegios también habrían aplicado esas tarifas a beneficiarios de DACA, a pesar de que los propios abogados del estado señalaron que ese grupo debería seguir calificando.
El tribunal no estuvo obligado a emitir un fallo el mismo día, sin embargo, la decisión debería llegar en algunas semanas o incluso meses. Si los grupos obtienen un fallo favorable, el caso regresaría al tribunal de distrito, donde tendrían la oportunidad de defender la ley. Si el fallo es contrario, el bloqueo permanecería vigente.
