La disposición establece los motivos por los cuales una persona puede ser considerada “inadmisible” para entrar o permanecer legalmente en Estados Unidos.
The sección 212(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) define los motivos de inadmisibilidad que pueden impedir que un extranjero ingrese a Estados Unidos, obtenga una visa, reciba una residencia permanente o ajuste su estatus migratorio. Estas causales son evaluadas por funcionarios consulares y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante procesos de visa, solicitudes de admisión en puertos de entrada y trámites migratorios dentro del país.
La normativa abarca una amplia lista de razones por las cuales una persona puede ser considerada inadmisible. Entre las categorías principales se encuentran:
- Motivos de salud pública, como ciertas enfermedades transmisibles o falta de vacunas requeridas
- Violaciones migratorias, incluyendo presencia sin autorización, entradas irregulares o fraude en trámites migratorios
- Motivos criminales, como delitos relacionados con drogas, actividades delictivas graves o crímenes que involucren “moral turpitude”
- Seguridad nacional, que incluye vínculos con actividades terroristas o riesgos para la seguridad del país
- Dependencia económica, cuando se determina que la persona podría convertirse en una carga pública
- Castigos por presencia ilegal, que pueden resultar en prohibiciones de 3 o 10 años para volver a ingresar
- Falsificación de documentos o declaraciones falsas, incluso si ocurrieron en intentos previos de entrar a Estados Unidos
Aunque estas causales pueden impedir la admisión o aprobación de un beneficio migratorio, la ley también contempla la posibilidad de exenciones o perdones o waivers en circunstancias específicas. Dependiendo del motivo de inadmisibilidad, algunos solicitantes pueden pedir un perdón demostrando, por ejemplo, que su inadmisibilidad generaría un “perjuicio extremo” a un familiar calificado que sea ciudadano o residente permanente.
En este sentido, la sección 212(a) es una de las herramientas regulatorias más importantes del sistema migratorio en el país, ya que permite al gobierno evaluar riesgos, verificar antecedentes y determinar si un solicitante cumple con los criterios legales necesarios para entrar o permanecer en el país. Cabe destacar que, su aplicación varía según el caso individual, la evidencia presentada y el tipo de beneficio migratorio solicitado.