La One Big Beautiful Bill, firmada por Trump en julio de 2025, excluye a beneficiarios de TPS, refugiados y otras categorías de residentes legales de un programa al que cotizaron durante años.
Una nueva disposición legal aprobada por el Congreso de Estados Unidos y firmada por el presidente Donald Trump limitará el acceso a servicios médicos para miles de inmigrantes con presencia legal en el país, incluidos adultos mayores que han contribuido durante años al sistema de seguridad social. La medida forma parte de la ley denominada One Big Beautiful Bill Act (OBBB) y ha generado preocupación entre comunidades inmigrantes, especialistas en salud y legisladores demócratas.
La ley restringe el acceso a Medicare para ciertos grupos, como beneficiarios de TPS, refugiados, solicitantes de asilo, sobrevivientes de violencia doméstica, víctimas de trata y personas con visas de trabajo. Quienes ya estaban inscritos perderán la cobertura antes del 4 de enero de 2026. Se estima que cerca de 100 mil inmigrantes con estatus legal serán afectados. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el cambio reduciría el gasto federal en 5 mil 100 millones de dólares hacia 2034.
El gobierno sostiene que los recursos de Medicare deben priorizar a ciertos grupos, aunque especialistas y legisladores han señalado que las personas afectadas cuentan con estatus legal. Además, datos del Institute on Taxation and Economic Policy indican que, solo en 2022, inmigrantes sin documentos aportaron 6 mil 400 millones de dólares a Medicare y 25 mil 700 millones al Seguro Social. Quienes ahora perderán cobertura han contribuido de forma regular durante años.
Desde la perspectiva de salud pública, expertos advierten que limitar el acceso a atención médica podría aumentar la presión sobre el sistema, ya que muchas personas posponen tratamientos preventivos y recurren a servicios de emergencia en etapas más avanzadas. Esto es especialmente relevante en adultos mayores, quienes requieren seguimiento constante para condiciones como enfermedades cardiovasculares o hipertensión.
La medida forma parte de un conjunto más amplio de cambios en políticas de salud para inmigrantes con presencia legal, que también incluyen restricciones en Medicaid, subsidios de seguros y apoyos sociales. De acuerdo con KFF, en total cerca de 1.5 millones de personas podrían ver afectada su cobertura médica.
En estados como California, donde reside una gran población de adultos mayores inmigrantes, ya se han tomado decisiones similares. Este año se congeló la inscripción en programas estatales de salud para ciertos grupos, y el gobierno estatal evalúa cómo responder ante los recortes federales. Otros estados, como Illinois y Minnesota, también han ajustado sus programas ante presiones presupuestarias.
