Bajo la legislación de Minnesota, un estudiante indocumentado puede acceder a la tarifa de residente en universidades públicas si asistió a una preparatoria en el estado durante al menos tres años y se graduó u obtuvo un diploma equivalente. Si además el ingreso familiar es inferior a 80 mil dólares anuales, el estudiante puede calificar para la beca North Star Promise, que cubre los costos de matrícula y cuotas restantes en instituciones públicas una vez aplicados todos los demás apoyos financieros disponibles.

La diferencia de costos en la educación universitaria está marcada por la matrícula estatal. Por ejemplo, en la Universidad de Minnesota, un residente paga un poco más de 19 mil dólares como matrícula estatal, mientras que un no residente del estado paga una tarifa de más de 43 mil dólares. Sitios especializados en matrículas estatales reportan ahorros de más de 11 mil dólares entre residentes y no residentes del estado.

Las autoridades de Minnesota argumentaron, en su solicitud de desestimación, que los criterios de elegibilidad aplican a cualquier estudiante que haya asistido y se graduado de una preparatoria en el estado, sin importar su estatus migratorio ni su origen. El juez federal coincidió con esa postura y determinó que las leyes estatales ofrecen los mismos beneficios a ciudadanos y residentes indocumentados, y que la ley federal de inmigración no anula esas políticas estatales.

La apelación se presentó un día después de que el mismo departamento demandara a Nueva Jersey por leyes similares, con lo que el gobierno federal acumula ya demandas activas contra nueve estados por políticas de matrícula para estudiantes indocumentados.