El DHS publicó una regla final que deroga las definiciones y criterios establecidos durante la administración Biden para determinar cuándo una persona puede ser considerada inadmisible por depender de asistencia pública, y adopta un estándar más amplio basado en la totalidad de las circunstancias.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una regla final que deroga la regulación de 2022 sobre el motivo de inadmisibilidad conocido como “carga pública” o public charge, un criterio que permite negar visas, admisión al país o ajustes de estatus a personas que, según la evaluación de un oficial consular o de inmigración, sean propensas a depender del gobierno estadounidense para su manutención. La nueva regla, a cargo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal y aplicará a las solicitudes de admisión y ajuste de estatus presentadas a partir de esa fecha, es decir, el 18 de septiembre de 2026.
Según el DHS, la regulación de 2022 imponía definiciones demasiado restrictivas que limitaban la capacidad de los oficiales para hacer determinaciones precisas sobre la probabilidad de que una persona se convierta en carga pública. Aquella norma establecía siete factores específicos que los oficiales debían considerar de forma obligatoria. La nueva regla elimina ese marco y, en su lugar, otorga a los oficiales una discreción más amplia para evaluar cada caso de forma individual, considerando la totalidad de las circunstancias del solicitante. Los factores mínimos que la ley sí exige considerar, contenidos en la sección 212(a)(4)(B) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), se mantienen sin cambio, es decir, la edad, la salud, el estatus familiar, los bienes y recursos financieros, y la educación y habilidades del solicitante.
Entre los cambios específicos, la regla elimina por completo cuatro secciones del Código de Regulaciones Federales: la que definía qué categorías de personas están sujetas a este motivo de inadmisibilidad, la que contenía las definiciones de términos como “carga pública” y “recepción de beneficios públicos”, la que establecía el marco de determinación basado en el uso actual o pasado de ciertos beneficios, y la que enumeraba las exenciones y renuncias disponibles. Además, la regla modifica las disposiciones sobre fianzas de carga pública, aclarando que la recepción de cualquier beneficio público sujeto a evaluación de recursos económicos, o el incumplimiento de cualquier condición de la fianza, se considerará automáticamente como un incumplimiento de esta.
El DHS recibió 8 mil 846 comentarios públicos durante el periodo de consulta, la mayoría de ellos en contra de la propuesta. Entre quienes se opusieron se encuentran abogados de inmigración, investigadores académicos, proveedores de servicios de salud, organizaciones religiosas y de defensa de derechos, gobiernos estatales y locales, así como organizaciones comerciales y sindicatos. Pese a esta oposición mayoritaria, el DHS decidió emitir la regla final tal como fue propuesta originalmente.
En cuanto al impacto económico, el DHS estima que la medida podría generar una reducción anual de aproximadamente 13 mil 50 millones de dólares en pagos de transferencia de los gobiernos federal y estatales, como resultado de que algunas personas opten por darse de baja o no inscribirse en programas de beneficios públicos, tanto personas inmigrantes como ciudadanos estadounidenses que forman parte de hogares de estatus migratorio mixto. A lo largo de un periodo de diez años, esta reducción podría alcanzar entre 91 mil 620 y 111 mil 280 millones de dólares, dependiendo de la tasa de descuento aplicada. Asimismo, el DHS reconoce que la medida podría tener efectos adicionales en la economía, incluyendo menores ingresos para hospitales y otros proveedores de salud que participan en Medicaid, así como para minoristas de alimentos y productores agrícolas vinculados al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Es importante señalar que esta regla aplica específicamente a las determinaciones que realiza el DHS, principalmente en puntos de entrada y en trámites de ajuste de estatus. El documento aclara que no modifica los estándares ni los procesos que utiliza el Departamento de Estado para evaluar este mismo motivo de inadmisibilidad durante el proceso de solicitud de visas en consulados, ni tampoco los que aplica el Departamento de Justicia en procedimientos ante cortes de inmigración.
