La iniciativa también contempla controles sobre transferencias de dinero al extranjero y redefiniría quién puede ser considerado residente del estado.
Una propuesta legislativa en el estado de Tennessee plantea nuevas restricciones para estudiantes que no cuentan con estatus migratorio legal, incluyendo medidas que podrían limitar su acceso a la educación pública y superior dentro del estado.
El proyecto, denominado Tennessee Reduction of Unlawful Migrant Act, también llamado TRUMP Act, propone modificar varias disposiciones del código estatal para redefinir quién puede ser considerado residente y establecer nuevas reglas relacionadas con educación, servicios financieros y verificación de estatus migratorio.
En materia educativa, la iniciativa propone cambiar la ley vigente que actualmente establece que las escuelas públicas son gratuitas para todas las personas residentes en el estado mayores de cinco años. Bajo la nueva propuesta, los padres o tutores de estudiantes que no residan legalmente en el estado podrían ser obligados a pagar colegiatura y cuotas, de manera similar a las que se aplican a estudiantes que viven fuera del condado.
De acuerdo con el texto legislativo, para ser considerado “residente del estado” o “ciudadano del estado” sería necesario ser ciudadano de Estados Unidos o un extranjero con presencia legal que pueda presentar dos formas de identificación emitidas por el gobierno que acrediten su estatus migratorio.
El proyecto también establece disposiciones que podrían afectar el acceso a instituciones de educación superior públicas, ya que estas suelen basar el costo de matrícula y elegibilidad para ciertos beneficios en el estatus de residencia estatal.
Además de las medidas educativas, la propuesta incluye restricciones para transferencias de dinero al extranjero. El texto plantea que las instituciones financieras del estado deberán verificar el estatus migratorio de cualquier persona que desee enviar fondos electrónicamente fuera de Estados Unidos o sus territorios. Para ello, tendrían que solicitar una identificación gubernamental válida y conservar copia de esos documentos durante dos años.
La supervisión de estos registros quedaría a cargo del Tennessee Department of Financial Institutions, que podría revisarlos en cualquier momento y exigir reportes anuales obligatorios. En caso de incumplimiento, el comisionado del organismo podría imponer sanciones civiles a las instituciones financieras involucradas, con base en reglas que determinarían el monto de las multas.
El resumen fiscal del proyecto advierte que la legislación podría tener distintos efectos económicos. Por un lado, podría generar una disminución en la financiación escolar estatal si algunos estudiantes abandonan el sistema educativo al no poder pagar colegiaturas o cuotas. Por otro, también podría aumentar los ingresos locales si más estudiantes terminan pagando esos costos.
Asimismo, el análisis fiscal señala que la iniciativa podría poner en riesgo ciertos fondos federales para el estado y los gobiernos locales, aunque el impacto potencial no puede estimarse con certeza debido a múltiples factores aún desconocidos.
La propuesta deberá seguir el proceso legislativo en la Asamblea General del estado antes de convertirse en ley, lo que incluye su discusión y votación en el congreso estatal y la eventual firma del gobernador.
