Según un informe de FWD.us, revertir la educación pública para inmigrantes indocumentados tendría consecuencias económicas y sociales significativas, como la reducción del ingreso total de la fuerza laboral.
Desde 1982, gracias al histórico caso Plyler v. Doe en la Suprema Corte de Estados Unudos, los estados no pueden negar el acceso a la educación pública gratuita a niños sin estatus migratorio legal. Este caso garantizó el acceso a la educación K-12 para todos los niños, sin importar su estatus migratorio y además sentó un precedente sobre los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.
El 2025 estuvo marcado por múltiples intentos legislativos para negar la educación pública a estudiantes indocumentados en diferentes estados y a nivel nacional. Uno de los principales argumentos de quienes están en contra de la educación pública para personas sin estatus, es la supuesta falta de oportunidades a ciudadanos estadounidenses y la carga financiera que representa abrir oportunidades para todos.
No obstante, aunque existen pocos datos sobre el tema, un informe de FWD.us cuantificó los beneficios sociales y económicos alcanzados gracias a Plyler v. Doe. Según el documento, 4.8 millones de personas se han beneficiado de este caso. Además, los investigadores encontraron que la inversión en la educación de estudiantes indocumentados ha funcionado como un motor para el crecimiento de la mano de obra cualificada dentro de la fuerza laboral estadounidense.
Es decir, gracias a una mayor escolaridad, millones de beneficiarios han podido incorporarse a empleos que requieren al menos educación media superior, y más de 350 mil personas trabajan actualmente en ocupaciones que suelen exigir estudios universitarios. Entre ellos se encuentran trabajadores del sector salud, educación, tecnología y servicios profesionales, áreas clave para la economía del país.
Por otro lado, el análisis estima que los impuestos estatales y locales pagados a lo largo de su vida por quienes se beneficiaron de Plyler v. Doe superan en más de 633 mil millones de dólares los costos asociados a su educación. Al considerar transferencias federales para educación, el retorno fiscal neto se acerca a los 690 mil millones de dólares. Estos datos contradicen el argumento de que la educación de estudiantes indocumentados representa una carga financiera para el sistema público.
Además del impacto económico, el estudio documenta efectos positivos en la reducción de la pobreza infantil. El acceso educativo ha evitado que aproximadamente 730 mil niñas y niños ciudadanos estadounidenses, hijos de personas beneficiadas por Plyler v. Doe, crezcan en condiciones de pobreza. De acuerdo con FWD.us, este efecto intergeneracional refuerza el papel de la educación como un factor de movilidad social y estabilidad económica.
El informe también destaca beneficios en materia de salud pública. Las personas con mayor nivel educativo presentan menores tasas de obesidad, depresión y discapacidad a lo largo de su vida. Según las estimaciones, el acceso a la educación pública ha permitido reducir costos médicos en al menos 28.9 mil millones de dólares desde 1982, al disminuir la incidencia de enfermedades prevenibles y mejorar la salud maternoinfantil.
El estudio advierte que revertir Plyler v. Doe tendría consecuencias económicas y sociales significativas, entre ellas una reducción del ingreso total de la fuerza laboral de más de un billón de dólares, mayores niveles de pobreza y un incremento sustancial en los costos de salud. El análisis concluye que el acceso universal a la educación pública no solo es una política de inclusión social, sino también una inversión rentable para Estados Unidos.
