Las leyes federales y estatales garantizan salario justo, seguridad laboral y protección contra la discriminación.
En Estados Unidos, las leyes laborales federales y estatales protegen a todas y todos los trabajadores, incluidos los inmigrantes, sin importar su estatus migratorio. Estas protecciones se basan en la relación laboral entre empleador y empleado, no en la ciudadanía ni en la autorización migratoria, y buscan asegurar condiciones de trabajo justas y dignas para quienes contribuyen a la economía del país.
Uno de los pilares de esta protección es la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA), que establece el derecho al salario mínimo y al pago de horas extras a razón de tiempo y medio por las horas trabajadas que excedan las 40 semanales. Estas disposiciones aplican también a trabajadores indocumentados. No obstante, algunas prácticas ilegales persisten, como deducciones indebidas o la clasificación errónea de empleados como contratistas independientes para evitar el pago de horas extras. La División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo (DOL) es la encargada de vigilar el cumplimiento de estas normas.
En materia de salud y seguridad, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) obliga a los empleadores a proporcionar lugares de trabajo libres de riesgos graves, incluyendo maquinaria segura, equipo de protección personal adecuado y capacitación en un idioma que las personas trabajadoras puedan comprender. Las y los empleados tienen derecho a solicitar información sobre los riesgos laborales, revisar registros de lesiones y reportar condiciones peligrosas sin temor a represalias. Al presentar una queja ante OSHA, la agencia no solicita información sobre el estatus migratorio del trabajador.
Además, las leyes también protegen a los trabajadores inmigrantes frente a la discriminación y el acoso. El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, sexo, religión y origen nacional, una protección especialmente relevante para personas inmigrantes. Esto incluye decisiones de contratación, despido o ascenso basadas en acento, etnia o lugar de procedencia. Asimismo, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) prohíbe la discriminación por estatus migratorio en ciertos contextos laborales. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) es la agencia responsable de hacer cumplir estas disposiciones.
Otro derecho fundamental es la libertad de organización laboral. La Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA) garantiza que los trabajadores puedan participar en actividades colectivas protegidas, como hablar sobre salarios, organizarse con compañeros o afiliarse a un sindicato. Estas protecciones se extienden a trabajadores inmigrantes y prohíben que los empleadores tomen represalias por ejercer estos derechos. La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) investiga y sanciona este tipo de violaciones.
En caso de lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo, los sistemas estatales de compensación para trabajadores permiten acceder a atención médica y a una parte del salario perdido. En la mayoría de los estados, la elegibilidad para estos beneficios no depende del estatus migratorio. Los trabajadores deben notificar la lesión a su empleador y presentar el reclamo correspondiente ante la autoridad estatal.
El primer paso para prevenir abusos en el entorno laboral es conocer estos derechos, agencias federales y estatales reiteran que ejercer derechos laborales no expone automáticamente a las personas inmigrantes a consecuencias migratorias, y que las denuncias relacionadas con salario, seguridad o discriminación forman parte de las protecciones básicas garantizadas por la ley.
