Nuevas medidas de DACA muestran restricciones a solicitudes iniciales y permisos de trabajo en Texas, y en el resto del país DACA continuaría con beneficios completos.
El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) enfrenta nuevas restricciones luego de órdenes judiciales recientes. El gobierno federal presentó ante la Corte del Distrito Sur de Texas su plan de implementación, en respuesta al fallo del Quinto Circuito que limitó los efectos de la suspensión del programa únicamente al estado de Texas. Asimismo, el gobierno prepara abrir nuevamente de las solicitudes iniciales luego de cuatro años.
Según el documento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) mantendrán en vigor la regulación de DACA emitida en 2022, pero con cambios en su aplicación para cumplir con la orden judicial.
Entre los cambios propuestos destacan el alcance geográfico. Es decir, las limitaciones se aplicarán solo a solicitantes y beneficiarios que residan en Texas. La residencia se determinará por la dirección más reciente registrada ante USCIS.
Además, las personas que vivan en Texas podrán presentar la solicitud de DACA, pero no recibirán el documento de autorización de empleo (EAD). Si alguien obtiene DACA fuera de Texas y posteriormente se muda a ese estado, USCIS notificará la intención de revocar su permiso de trabajo.
En este sentido, mientras se mantenga la suspensión parcial vigente desde 2021, las renovaciones seguirán procesándose en todo el país, incluyendo Texas. Sin embargo, si esa suspensión se levanta, se aplicará la misma restricción y los residentes en Texas no podrán obtener autorización de empleo vinculada a DACA.
De esta forma, los beneficiarios de DACA en Texas tendrán “acción diferida”, es decir protección frente a la deportación, pero no serán considerados como “legalmente presentes” para fines migratorios ni podrán beneficiarse de ciertas disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Otras de las propuestas del gobierno es la obligación de informar el domicilio.
USCIS recordará a solicitantes y beneficiarios la obligación legal de notificar cambios de domicilio en un plazo de diez días, ya que de ello dependerá la aplicación o revocación de beneficios.
De esta manera, las solicitudes iniciales de DACA, que algunas lleva más de cuatro años pendientes, seguirían siendo posibles en todo el país, sin embargo, solo los residentes de Texas no tendrán acceso a trabajar ni al estatus de “presencia legal”.
