El juez federal Charles Breyer determinó que el despliegue de 4 mil elementos de la Guardia Nacional para contener las protestas en contra de las redadas migratorias en Los Ángeles fue ilegal.
Un juez federal determinó que el gobierno de Donald Trump violó de manera intencionada la ley federal al enviar tropas de la Guardia Nacional al área de Los Ángeles en junio de este año derivado de las protestas en contra de las redadas de inmigración. El juez federal, Charles Breyer emitió un fallo de 52 páginas en el que además indica que Trump y Pete Hegseth, el secretario de Defensa, declararon su intención de desplegar tropas en otras ciudades del país.
Aunque Breyer no exigió la salida de los 300 solados que permanecen en el área, ordenó a la administración que dejara de utilizarlos. Es importante mencionar que esta orden solo aplica al estado de California y entra en vigor el 12 de septiembre. Por su parte, la Casa Blanca comunicó que el gobierno planea apelar esta decisión y clasificó al juez de “rebelde”.
Breyer prohibió a las tropas realizar acciones como el uso de vehículos militares para establecer perímetros de protección y bloqueos de tráficos, participar en el control de multitudes, realizar arrestos, registros, actuar como informantes ni recolectar evidencia.
En cambio, el gobernador de California, Gavin Newsom expresó que “ningún presidente es rey, ni siquiera Trump, y ningún presidente puede pisotear el poder de un estado para proteger a su pueblo”.
Luego de la decisión del juez, el gobierno estadounidense anunció que enviaría tropas a Chicago sin especificar cuándo. En su defensa, el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker explicó que la Guardia Nacional no es necesaria ni deseada en la ciudad de Chicago. Además, adelantó que los agentes federales ya se concentran en bases militares para comenzar a realizar redadas que provoquen protestas.
Cabe destacar, que en Estados Unidos las fuerzas armadas tienen prohibida la realización de funciones policiales. Bajo la Ley Posse Comitatus, que durante casi 140 años ha estado vigente, se ha mantenido a los militares alejados de la aplicación de la ley civil.
