Esta medida busca reforzar el cumplimiento de los plazos de estadía permitida en Estados Unidos y se aplicaría de forma limitada y temporal.
Durante los últimos meses de la primera administración de Donald Trump, el Departamento de Estado (DOS) propuso una medida que requeriría a ciertos solicitantes de visas de no inmigrante, como turistas y viajeros de negocios, pagar una fianza de entre 5 mil y 15 mil dólares como condición para ingresar a Estados Unidos. La medida buscaba incentivar que los visitantes respetaran el tiempo autorizado de permanencia en el país. Recientemenre, el DOS publicó en el Registro Federal un aviso público acerca sobre el “Visa Bond Pilot Program”, que retoma la medida presentada anteriormente.
De acuerdo con la notificación publicada en el Registro Federal, esta política se implementaría inicialmente como un programa piloto de seis meses, dirigido a viajeros que soliciten visas B-1 de negocios, B-2 de turismo, o B1/B2, provenientes de países con altos índices de sobrestadía. Las personas seleccionadas tendrían que depositar una fianza que sería reembolsada solo si abandonan el país dentro del plazo autorizado.
La regla propuesta señala que las fianzas estarían establecidas en montos de 5 mil, 10 mil, o 15 mil dólares, según lo determine el oficial consular correspondiente, con base en criterios específicos. Esta disposición no se aplicaría de forma generalizada, sino que sería implementada únicamente en ciertos casos definidos por el DOS.
Según el documento, esta acción se enmarca dentro de los esfuerzos por reducir el número de personas que permanecen en Estados Unidos más allá del tiempo permitido por sus visas, una de las prioridades migratorias de la administración de Trump. Aunque el gobierno reconoció que el impacto práctico de la medida sería limitado, también argumentó que podría servir como herramienta para reducir las sobrestadías.
El programa piloto no modificaría los requisitos legales para la emisión de visas, ni afectaría a todas las nacionalidades por igual. En su lugar, se enfoca en ciertos países designados previamente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por tener tasas elevadas de incumplimiento de los plazos de estadía.
