La ciudad responde a políticas federales con medidas locales enfocadas en la equidad y la seguridad comunitaria.
El alcalde de Albuquerque, Nuevo México, Tim Keller, firmó el 21 de julio de 2025 una orden ejecutiva que reafirma la importancia de los inmigrantes para la ciudad y establece nuevas medidas para proteger los derechos de las comunidades inmigrantes y refugiadas. La decisión responde a recientes acciones y legislaciones federales que, según el gobierno local, afectan el debido proceso legal y debilitan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
La orden ejecutiva prohíbe el uso de recursos municipales en labores de cumplimiento de leyes migratorias federales, como redadas, detenciones o intercambio de información, salvo que la ley lo requiera. Asimismo, asigna a la Oficina de Equidad e Inclusión (OEI) la coordinación de la implementación de las medidas y designa al Comité de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados como el encargado de recolectar retroalimentación comunitaria y coordinar servicios de apoyo con organizaciones y proveedores legales.
Las disposiciones también buscan garantizar la transparencia en los servicios municipales, prohibiendo actividades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), sin notificación en instalaciones públicas y ordenando que cualquier actividad del organismo sea reportada a la Oficina del Alcalde y la OEI. Además, se establecen protocolos informados por trauma para proteger a menores migrantes y se instruye a los departamentos a identificar apoyos disponibles para familias afectadas por acciones migratorias, incluyendo acceso a vivienda, educación, empleo y servicios de salud.
El alcalde Keller subrayó que la ciudad no colaborará con acciones federales que no estén legalmente obligadas: “No utilizaremos nuestros recursos para apoyar redadas, detenciones o intercambio de información. Esta orden deja claro que no permaneceremos en silencio mientras nuestros vecinos viven con miedo”.
Las medidas se basan en la Resolución R-18-7, firmada en 2018, que consolidó el estatus de Albuquerque como ciudad amigable con los inmigrantes. Además, el Ayuntamiento de la ciudad anticipa la presentación de una legislación complementaria en agosto, con el objetivo de convertir las medidas actuales en normas permanentes.
La concejal Nichole Rogers destacó que “cuando el cumplimiento de leyes migratorias carece de transparencia, se debilita la confianza y se incrementa el temor”. Por su parte, el concejal Joaquin Baca explicó que trabajan en propuestas legislativas “para garantizar que todos se sientan seguros en sus barrios y que los recursos locales no se utilicen con fines políticos”.
“Elogio la orden ejecutiva del alcalde Keller, y es crucial que ICE proporcione una mayor transparencia, especialmente en la forma en que operan en Albuquerque. Mi preocupación es que los métodos actuales pueden dar prioridad a la aplicación de la ley sobre la seguridad y el bienestar del público. Necesitamos claridad sobre el papel de las empresas como los minoristas y las empresas de entrega en estas operaciones para que la gente pueda tomar decisiones informadas”, expresó la concejal Klarissa Peña.
Las estadísticas citadas en el comunicado resaltan la importancia económica de la comunidad inmigrante en Nuevo México, donde generan aproximadamente 12 mil millones de dólares anuales, lo que representa el 17% de la actividad económica estatal. En Albuquerque, el 16% de los negocios pequeños son propiedad de inmigrantes. Asimismo la comunidad inmigrante en la ciudad contribuyó con más de 1.5 mil millones de dólares en impuestos, además registraron un consumo mayor a 5.6 mil millones de dólares en 2023.
