El programa DACA se encuentra suspendido y actualmente solo acepta renovaciones de beneficiarios actuales.
La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia Como lo indica su nombre, es un programa que permite que no ciudadanos indocumentados que llegaron siendo niños a Estados Unidos puedan obtener la protección contra la deportación y además un documento de autorización de empleo (EAD), para trabajar legalmente. Aunque no es un estatus migratorio, DACA brinda beneficios por dos años con opción a renovaciones periódicas a los Dreamers que llegaron al país antes de cumplir 16 años y que eran menores de 31 años de edad al 15 de junio de 2012.
Actualmente, DACA enfrenta una orden judicial de la cuenta Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas emitida el 16 de julio de 2022. Esta orden fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito, y en octubre de 2022 fue atendida por el tribunal de distrito a la regla final de DACA, un movimiento realizado por el gobierno federal para proteger el programa.
De esta forma el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tiene prohibido otorgar nuevas peticiones de DACA y EAD relacionadas con los beneficiarios del programa. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), es capaz de procesar renovaciones de DACA. Es decir, no acepta nuevas solicitudes de personas elegibles.
Por otra parte, más allá de que esté ocurriendo en los tribunales, mientras no se tome una decisión final, los beneficiarios de DACA continúan protegidos contra la deportación y pueden seguir renovando su permiso y su EAD.
Según organizaciones especializadas como United We Dream, lo más probable es que la decisión final sobre DACA sea tomada en la Suprema Corte nuevamente, por lo que la única solución viable para los millones de indocumentados en Estados Unidos es la acción del Congreso. El mismo presidente Joe Biden ha instado en reiteradas ocasiones al Congreso a tomar acción para aprobar una reforma integral que brinde un camino a la ciudadanía a cerca de 11 millones de indocumentados.
En este sentido, organizaciones de trabajadores y grandes compañías también han solicitado al Congreso, a través de una carta firmada en noviembre, tomar acción para proteger a DACA y ofrecer una solución permanente a sus beneficiarios.
