Las redadas para la detención de inmigrantes indocumentados centroamericanos con orden final de deportación anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzaron el pasado 2 de enero en varios puntos de Estados Unidos.

Durante las redadas, agentes federales llegan a las direcciones registradas en sus bases de datos para detener a niños y mujeres, en su mayoría, que solicitaron asilo y perdieron sus casos. Por ello, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) teme que los operativos se incrementen y que los indocumentados afectados no tengan la oportunidad de ejercer sus derechos.

Kica Matos, portavoz del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM) dijo que “tenemos confirmadas operaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas en áreas de Atlanta, Georgia. Los arrestos incluyen a niños que buscaban refugio en Estados Unidos pero las autoridades rechazaron sus casos”.

Ante esta ola de redadas, Victor Nieblas, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) dijo que los indocumentados en Estados Unidos sí tienen derechos, y advierte que la mayoría de ellos “desconocen cuáles son” por falta de información y por desconocimiento del sistema.

Ante este panorama, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) explica que si un indocumentado no tiene papeles de estadía legal y es arrestado durante una redada de inmigración o por un agente de la policía, tiene derecho a guardar silencio y pedir un abogado; también tiene derecho, en caso que llegue la policía a su casa, a que le muestren una orden de allanamiento firmada por un juez competente.

ACLU recordó que todas las personas que viven en Estados Unidos están protegidas por las leyes y la Constitución, incluso los inmigrantes indocumentados.

Asimismo, ACLU se ha encargado de explicar qué puede hacer una persona si la policía, el FBI o los agentes de inmigración lo interrogan, entre varios aspectos importantes más, mismos que a continuación te compartimos:

-¿En el caso que la policía, el FBI o los agentes del DHS se ponen en contacto conmigo, tengo que responder a las preguntas que me hagan los agentes?

“Constitucionalmente usted tiene derecho a no contestar las preguntas. El negarse a responder a las preguntas no constituye un delito. Se recomienda hablar con un abogado antes de acceder a responder cualquier pregunta. No está obligado a hablar con nadie aunque haya sido arrestado o incluso si se encuentra en prisión. Sólo un juez le puede ordenar que conteste preguntas”.

-¿Puedo hablar con un abogado?

“Tiene derecho a hablar con un abogado antes de responder cualquier pregunta ya sea que la policía le haya informado o no sobre dicho derecho. La tarea del abogado es proteger sus derechos. Una vez que expresa su deseo de hablar con un abogado, los funcionarios deberían dejar de hacerle preguntas. Aunque no tenga un abogado, le puede decir al funcionario que desea hablar con un abogado antes de responder cualquier pregunta. Si tiene un abogado, lleve siempre su tarjeta consigo. Muéstresela al funcionario y solicite llamar a su abogado. Recuerde obtener el nombre, el organismo al que pertenece y el número de teléfono de cualquier investigador que lo visite, y comuníquele dicha información a su abogado”.

-¿Los agentes pueden registrar mi vivienda u oficina?

“La policía u otros agentes encargados del cumplimiento de la ley no pueden registrar su vivienda a menos que usted lo permita, o a menos que tengan una orden de allanamiento. Una orden de allanamiento es una orden judicial que permite que la policía realice una búsqueda específica. Interferir con el allanamiento probablemente no interrumpirá la realización del mismo y podrían arrestarlo. Sin embargo, debe expresar claramente que usted no prestó su consentimiento y que el allanamiento se realiza en contra de su voluntad. Legalmente, su compañero de habitación o huésped puede dar su consentimiento para que se lleve a cabo un allanamiento si la policía considera que dicha persona cuenta con la autoridad para hacerlo. La policía y los agentes encargados del cumplimiento de la ley necesitan una orden para registrar una oficina, pero su empleador puede acceder a que se realice el allanamiento de su puesto de trabajo sin su permiso”.

-¿Qué hago si los agentes tienen una orden de allanamiento?

“Si usted se encuentra presente cuando los agentes llegan para realizar el allanamiento, puede solicitar que le muestren la orden. La orden debe especificar detalladamente los lugares que se registrarán y las personas o cosas que se pueden llevar. Llame a su abogado tan pronto como le sea posible. Pregunte si le permiten observar el allanamiento; si se lo permiten, debería hacerlo. Tome nota de los nombres, los números de placas, a qué organismo pertenece cada funcionario, los lugares donde registraron y lo que se llevaron. Si se encuentran presentes otras personas, pídales que actúen como testigos para que observen cuidadosamente lo que está sucediendo”.

-¿Tengo que responder a las preguntas si la policía tiene una orden de allanamiento?

“No. La existencia de una orden de allanamiento no implica que usted deba contestar preguntas”.

-¿Qué hago si los agentes no tienen una orden de allanamiento?

“Usted no está obligado a permitir que la policía registre su vivienda, ni tiene que responder sus preguntas. La policía no puede obtener una orden basándose en su negativa”.

-¿Qué hago si los agentes no tienen una orden de allanamiento pero insisten en registrar mi vivienda incluso después de que me opongo?

“No interfiera con el allanamiento. Si hay alguna persona con usted, pídale que sea testigo de que usted no está prestando su consentimiento para que se realice el allanamiento. Llame a su abogado tan pronto como le sea posible. Tome nota de los nombres y los números de placas de los funcionarios que realicen el allanamiento”.

-¿Qué sucede si de todos modos hablo con los agentes de gobierno?

“Todo lo que les diga a los agentes encargados del cumplimiento de la ley puede ser usado en su contra y en contra de otras personas. Recuerde que mentir a un funcionario del gobierno constituye un delito. Guardar silencio hasta que consulte a un abogado no lo es. Aunque haya contestado algunas preguntas, puede negarse a seguir respondiendo hasta que tenga un abogado”.

Primera parte de tres.

Fuente: Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Univisión