Esta semana, Texas pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos no revisar la decisión de una corte de apelaciones que bloquea el plan del presidente Barack Obama para proteger de la deportación a cerca de 5 millones de inmigrantes indocumentados de los 11.3 millones que viven en el país.
El pasado 29 de diciembre vencía el plazo solicitado por Texas para responder a la apelación que el 20 de noviembre hizo el Departamento de Justicia ante la Corte Suprema de Justicia para que el tribunal levante una prohibición que tiene detenida la Acción Ejecutiva.
El documento de 42 páginas, presentado por el secretario de Justicia de Texas, precisó que el plan del mandatario de proteger de la deportación a este grupo de inmigrantes indocumentados soslaya las leyes federales y la autoridad constitucional.
Este argumento ya había sido esgrimido anteriormente por Texas. Una coalición de 26 estados, encabezados por Texas, también afirmó que el gobierno de Obama no les dio notificación ni oportunidad de hacer comentarios, como se requería para un cambio de esa magnitud en la política migratoria.
Ese grupo de estados también consideró que la “presencia legal” concedida a inmigrantes por el programa tiene repercusiones financieras significativas para ellos, incluyendo un mayor gasto en “servicios de salud, seguridad pública y educación”.
El destino del beneficio, que ampara a padres de ciudadanos y residentes permanentes (DAPA) y dreamers protegidos por la Acción Diferida del 2012 (DACA) depende a partir de ahora de un rutinario procedimiento que puede decidirse en cualquier momento en el máximo tribunal de justicia.
De acuerdo con el abogado Ezequiel Hernández, a mediados de enero la Corte Suprema resolverá si incluye el tema en el calendario 2016. De ser asi, habría un fallo en la primavera o verano próximas.
La Acción Ejecutiva fue frenada el 16 de febrero, dos días antes de su entrada en vigor. Un juez de Texas la detuvo porque el gobierno comenzó a aplicar el reglamento del beneficio antes de tiempo y sin haber publicado previamente el reglamento en el Registro Federal para recibir comentario público.
Fuente: AP
