Miles de inmigrantes indocumentados mexicanos deportados voluntariamente entre 2009 y 2014 están siendo localizados para que entreguen sus datos dentro de una demanda colectiva que, de ser ganada, podría significar su regreso a Estados Unidos.
En agosto de 2014, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) firmaron un acuerdo prejudicial alcanzado con el gobierno que obligó a las autoridades federales a informar a los indocumentados las consecuencias de firmar una “salida voluntaria”. Sin embargo, miles de indocumentados que fueron deportados desde San Diego no tuvieron ese derecho y ahora están siendo localizados para que se revisen sus casos.
Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) se sumó al esfuerzo por informar a los afectados sobre los pasos que deben seguir para que sus datos sean recopilados y agregados a los expedientes.
El Acuerdo de Conciliación, llamado “López-Venegas”, señala que los inmigrantes indocumentados que abandonaron Estados Unidos entre el 8 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014 tras firmar una salida voluntaria, podrán acudir ante un juez de inmigración en Estados Unidos y solicitar un estatus migratorio, y de esa forma cumplir con el debido proceso.
ACLU explicó que para calificar y ser un miembro de la demanda colectiva bajo el acuerdo “Lopez-Venegas” de salida voluntaria, un individuo debe:
- Haber firmado un documento de “salida voluntaria” entre el 1 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014 y haber sido deportado a México.
- Haber tenido ciertas opciones para permanecer en Estados Unidos cuando firmó una “salida voluntaria”.
- Haber sido procesado por agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego o por oficiales de Inmigración y Control de Aduanas en las oficinas del campo de San Diego o Los Ángeles.
- Estar físicamente presente en México al momento de someter una aplicación para ser miembro de la demanda colectiva.
Fuente: Univisión
