La Cámara de Representantes aprobó en comité una propuesta para renovar la Workforce Innovation and Opportunity Act, la principal ley de desarrollo laboral del país, aunque su avance enfrenta obstáculos por falta de apoyo bipartidista.
Workforce Innovation and Opportunity Act (WOIA), es la ley federal que desde 2014 financia los programas públicos de empleo, educación y capacitación laboral en Estados Unidos. Su propósito central es ayudar a los buscadores de empleo a acceder a servicios de orientación profesional, formación técnica y apoyo económico mientras transitan hacia un nuevo trabajo, y al mismo tiempo ayudar a los empleadores a encontrar trabajadores con las habilidades que necesitan. Los fondos se distribuyen a agencias estatales y locales que operan los llamados centros de empleo, donde cualquier persona puede recibir asistencia sin costo.
Esta ley cubre a distintos grupos, incluyendo adultos en general, trabajadores desplazados que perdieron su empleo por cierres de empresas o recortes, y jóvenes de entre 14 y 24 años que enfrentan barreras para ingresar al mercado laboral. Entre los servicios que financia están la orientación vocacional, la búsqueda de empleo asistida, la capacitación en ocupaciones de alta demanda, los aprendizajes registrados y las cuentas individuales de entrenamiento que permiten a los trabajadores elegir su propio programa de formación.
Doce años después de su entrada en vigor, el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes aprobó el 21 de abril, en una votación dividida por líneas partidistas, una propuesta para renovarla. El proyecto, presentado por el presidente del comité, Tim Walberg de Michigan, se denomina “A Stronger Workforce for America Act of 2026” y busca modernizar el sistema ante los cambios del mercado laboral, incluyendo el impacto de la inteligencia artificial en la demanda de habilidades.
Entre las modificaciones propuestas figura el requisito de que al menos 50% de los fondos para adultos y trabajadores desplazados se destine a actividades de capacitación, con un 10% reservado para servicios de apoyo individualizados. También se contempla la posibilidad de apartar un 10% adicional para formación en sectores con escasez de trabajadores, y se establecerían nuevos criterios de rendición de cuentas para los estados y las juntas locales de desarrollo laboral. Asimismo, el proyecto crearía un Programa de Becas de Preparación para Aprendizajes Juveniles y autorizaría 65 millones de dólares para apoyar a universidades comunitarias que hayan establecido alianzas con empleadores en industrias de alta demanda.
