El pasado 31 de mayo, el gobierno estadounidense anunció que no obedecerá a la orden de un juez de revelar los datos de miles de dreamers protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA).

La orden, exigida por el juez Andrew S. Hanen, mismo que el mes de febrero del 2015 emitió la denuncia que mantiene congelados los alivios migratorios DAPA y DACA plus, pedía al Departamento de Justicia entregar una lista con los nombres de 50 mil jóvenes indocumentados beneficiados por el programa.

Los abogados del gobierno estadounidense solicitaron al juez Hanen que reconsidere su petición. En un escrito presentado ante la corte de Brownsville, el gobierno federal dijo que “las sanciones impuestas exceden la autoridad del tribunal e imponen un daño injustificado e irreparable al Departamento de Justicia, al Departamento de Seguridad Nacional y a miles de inocentes”.

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Asimismo, el Departamento de Justicia anunció que elevará la petición al Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito con sede en Nueva Orleans, Luisiana, que tiene jurisdicción sobre Texas.

Por su parte, León Rodríguez, director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), dijo que entregar la información solicitada por Hanen “requeriría una violación sin precedentes del compromiso de confidencialidad” que adquiere el organismo con millones de inmigrantes.

De acuerdo con León, la divulgación de los datos ordenada por Hanen tendría un “efecto negativo” sobre la disposición de los inmigrantes a solicitar beneficios del USCIS. Algo que, dijo, sería “preocupante” teniendo en cuenta que “no están acusados de haber participado en ningún delito”.

Fuente: Univisión