Investigadores del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) publicaron un análisis sobre el impacto que tendrían nuevas regulaciones propuestas por el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), orientadas a restringir el acceso de ciertos inmigrantes a créditos fiscales federales. El reporte, elaborado por Carl Davis, Erika Frankel y Emma Sifre, se centra específicamente en el impacto sobre los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y sus familias, y actualiza un análisis previo del instituto con datos más recientes tras la publicación formal de las regulaciones propuestas.

De acuerdo con el análisis, las nuevas reglas buscan impedir que ciertos inmigrantes accedan a la porción reembolsable de cuatro créditos fiscales federales, es decir, la parte de esos créditos que excede su obligación de pago del impuesto federal sobre la renta. Los créditos contemplados en la propuesta son el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC), el Crédito de Oportunidad Estadounidense (AOTC) y el Crédito Fiscal por Adopción. El reporte precisa que la mayoría de estos créditos ya exigen que los contribuyentes cuenten con un número de Seguro Social como condición de elegibilidad, por lo que el efecto práctico de la propuesta sería restringir el acceso de diversos contribuyentes inmigrantes que se encuentran legalmente en el país y que cuentan con un número de Seguro Social válido para trabajar. Entre los grupos que perderían acceso a estos créditos se encuentran inmigrantes con Estatus de Protección Temporal, solicitantes de asilo, víctimas de delitos graves con visa U y beneficiarios de DACA.

Según explica el instituto, las reglas propuestas se basan en una reinterpretación, por parte de la administración Trump, del lenguaje legislativo contenido en la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo de 1996 (PRWORA), la cual limitó el acceso de personas no ciudadanas a los llamados “beneficios públicos federales” a inmigrantes dentro de ciertas categorías, conocidas como inmigrantes “calificados”. El año pasado, la administración emitió una guía que buscaba ampliar el alcance de lo que se consideraría un “beneficio público federal”, guía que actualmente es objeto de litigio. En noviembre de 2025, el Departamento de Justicia emitió una opinión que planteaba que la porción reembolsable de ciertos créditos fiscales también podría considerarse un “beneficio público federal”, y poco después el Departamento del Tesoro anunció que propondría estas regulaciones.

El reporte señala que esta postura representa un giro respecto a la posición adoptada durante la primera administración Trump, cuando el Departamento de Seguridad Nacional había planteado diversas razones por las que los créditos fiscales no debían estar cubiertos por la PRWORA, entre ellas las complejidades relacionadas con familias de estatus migratorio mixto. El intento actual de utilizar la PRWORA como herramienta para restringir el acceso a créditos fiscales llega después de que el Congreso ya había limitado la elegibilidad de inmigrantes para varios créditos y deducciones fiscales mediante la ley conocida como One Big Beautiful Bill de 2025, la cual estableció que las familias solo pueden reclamar el Crédito Tributario por Hijos si al menos uno de los padres cuenta con número de Seguro Social. Según el análisis, aproximadamente 2.7 millones de niños ciudadanos estadounidenses ya han perdido acceso a ese crédito por ese requisito.

El estudio se enfoca en cuantificar el efecto de las dos restricciones más significativas de la propuesta, correspondientes al EITC y al ACTC, sobre la población de beneficiarios de DACA. Los autores explican que utilizaron datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo de 2023, complementados con una metodología compartida desarrollada junto con el Centro sobre Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia y el Instituto para la Equidad en la Oportunidad Infantil y el Desarrollo Saludable de la Universidad de Boston, además de datos administrativos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) sobre el tamaño y las características de la población activa de beneficiarios de DACA.

El análisis proyecta que, para cuando se presenten las declaraciones de impuestos correspondientes al Año Fiscal 2026, existirán aproximadamente 455 mil beneficiarios activos de DACA, cifra que representa una reducción de 14% respecto al cierre de 2023. Según el reporte, el beneficiario promedio de DACA llegó a Estados Unidos alrededor de los 7 años de edad y ha vivido en el país durante 28 años en promedio. Debido a que la elegibilidad tanto para el EITC como para el ACTC depende de contar con ingresos derivados del trabajo, el instituto precisa que únicamente las familias trabajadoras que presentan declaración de impuestos se verían afectadas por este cambio de política.

Contando tanto a los beneficiarios de DACA como a las personas que viven y declaran impuestos junto con ellos, el estudio calcula que 121 mil personas resultarían perjudicadas por el cambio en el EITC y 139 mil perderían acceso a la porción reembolsable del ACTC, con una superposición significativa entre ambos grupos que arroja un total de 158 mil personas afectadas por al menos uno de estos cambios. Más de la mitad de las personas afectadas dentro de estos hogares son ciudadanas estadounidenses, y el grupo más numeroso corresponde a menores de edad, en total,  alrededor de 90 mil menores ciudadanos estadounidenses se verían perjudicados, lo que representa 57% del total de personas afectadas.

En términos financieros, el análisis estima que la familia promedio afectada perdería 4 mil 560 dólares al año en créditos fiscales, una cantidad equivalente a 13% de su ingreso anual promedio de 35 mil dólares. Para las familias afectadas específicamente por el cambio en el EITC, la pérdida promedio sería de 2 mil 950 dólares anuales, mientras que para las afectadas por las nuevas restricciones al ACTC, la pérdida promedio ascendería a 2 mil 820 dólares al año.

Por otro lado, el reporte advierte que, aunque las regulaciones propuestas aplicarían únicamente a los créditos fiscales federales, la mayoría de los créditos estatales por ingreso del trabajo y algunos créditos tributarios por hijos a nivel estatal están vinculados en buena medida a las reglas federales. Según el análisis de leyes estatales realizado por el instituto, hasta 30 de los 32 estados que cuentan con créditos estatales por ingreso del trabajo estarían en riesgo de heredar estas nuevas restricciones federales dentro de sus propios códigos fiscales, lo que podría generar pérdidas adicionales para las familias afectadas más allá del promedio federal de 4 mil 560 dólares. El estudio señala que estas restricciones resultarían particularmente contradictorias en los estados que han optado por hacer sus créditos fiscales incluyentes para contribuyentes inmigrantes, ya que permitir que la regulación federal se traslade a sus propios códigos fiscales haría que sus reglas de elegibilidad para el EITC resultaran menos favorables para beneficiarios de DACA y otros inmigrantes con presencia legal que para inmigrantes indocumentados.