El proyecto de ley, impulsado por el asambleísta José Luis Solache Jr., busca revivir una iniciativa que el gobernador Gavin Newsom vetó en 2024 y que permitiría a las universidades públicas del estado contratar a estudiantes sin estatus migratorio legal.
Una nueva versión de la Opportunity for All Act en el Senado de California, luego de que un comité la aprobara con cinco votos a favor y dos en contra. En el Senado estatal, la iniciativa obtuvo 30 votos a favor y, luego de su aprobación, regresó a la Asamblea para su ratificación, donde consiguió 58 votos a favor. Ahora la iniciativa pasó al gobernador Gavin Newsom para su firma.
Según explicó el asambleísta José Luis Solache Jr., quien patrocina la propuesta, California debe continuar liderando los esfuerzos de apoyo a los estudiantes indocumentados. El legislador señaló que los estudiantes simplemente piden la misma oportunidad de trabajar y contribuir a sus comunidades y al campus que consideran su hogar. De ser aprobada y firmada, la ley obligaría a las universidades públicas del estado a implementar sus disposiciones a partir del 6 de enero de 2027.
Esta iniciativa retoma un esfuerzo legislativo previo conocido también como Opportunity for All Act y como AB 2586, impulsado en 2024 por el entonces asambleísta David Álvarez, demócrata de San Diego. Al igual que la propuesta actual, aquella propuesta buscaba otorgar a estudiantes de los sistemas de la Universidad de California (UC), la Universidad Estatal de California (CSU) y los Colegios Comunitarios de California (CCC) el mismo acceso a oportunidades de empleo dentro del campus, sin importar su estatus migratorio, incluyendo programas de estudio y trabajo, prácticas profesionales remuneradas, puestos de liderazgo estudiantil, posiciones de investigación y asistencias de cátedra.
El enfoque legal detrás de ambas propuestas se sustenta en una teoría jurídica no comprobada, respaldada por académicos de la Facultad de Derecho de UCLA y otros expertos en la materia. El argumento central sostiene que una ley laboral federal de 1986, la cual prohíbe a los empleadores contratar a personas indocumentadas, no se aplica a las agencias estatales, entre ellas las universidades públicas.
En septiembre de 2024, el gobernador Newsom vetó el proyecto AB 2586, citando en su mensaje de veto la gravedad de las posibles consecuencias de la ley, entre ellas una eventual responsabilidad penal y civil para el personal estatal involucrado en la contratación. Tras el veto, estudiantes y organizaciones defensoras expresaron su decepción, pero afirmaron su intención de continuar organizándose para impulsar una nueva versión de la propuesta.
El movimiento Opportunity for All, liderado por estudiantes de la UC, comenzó en octubre de 2022 con el objetivo de establecer una vía legal de empleo para personas indocumentadas dentro del sistema universitario estatal. Según cifras difundidas previamente por organizadores del movimiento, más de 44 mil estudiantes indocumentados en instituciones de educación superior de California no pueden acceder a oportunidades laborales educativas debido a su estatus migratorio. En mayo de 2023, la Junta de Regentes de la Universidad de California había anunciado su intención de avanzar en la eliminación de las restricciones de contratación para todos los estudiantes de la UC, independientemente de su estatus migratorio, pero en enero de 2024 pospuso indefinidamente la implementación de un plan concreto, lo que motivó protestas estudiantiles.
