La organización de derechos civiles acusa a Spokane Teachers Credit Union de negar servicios financieros basándose en el estatus migratorio.
Mexican American Legal Defense and Educational Fund o MALDEF presentó una nueva demanda contra la Spokane Teachers Credit Union (STCU), acusándola de aplicar políticas discriminatorias al negar servicios financieros a beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
La demanda, presentada ante la Corte Superior del estado de Washington en el condado de Franklin, fue interpuesta junto con el abogado Edwardo Morfin, del despacho Morfin Law Firm, con sede en Kennewick. La demanda sostiene que la política de STCU viola la Ley Contra la Discriminación de Washington (WLAD), la cual prohíbe la discriminación por motivos de sexo, raza, color, ciudadanía o estatus migratorio.
El caso fue presentado en nombre de Ana Ayala, de 28 años, beneficiaria de DACA que en 2023 adquirió un automóvil usado. Semanas después, el concesionario intentó vender el préstamo a STCU, pero la cooperativa solicitó documentación adicional y finalmente rechazó el crédito debido a su estatus de DACA, pese a que Ayala cuenta con número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos.
Según la demanda, comunicaciones internas entre el concesionario y STCU confirmaron que la cooperativa recibió la información de Ayala, pero decidió no aprobar el préstamo, exigiendo prueba de residencia permanente o ciudadanía. En una carta enviada a la demandante, STCU indicó como motivo de rechazo “información de identidad incompleta”. Finalmente, otro banco adquirió el préstamo, pero con una tasa de interés más alta.
“Las instituciones no pueden obtener un pase libre para violar las leyes antidiscriminatorias solo porque sus políticas son tan abiertamente excluyentes que disuaden a las personas de siquiera aplicar”, indicó Thomas A. Sáenz, presidente y consejero general de MALDEF. “Las políticas claramente discriminatorias violan la ley, punto. Confiamos en que los tribunales reconocerán que las leyes estatales prohíben este tipo de discriminación, sin excepciones”.
Por su parte, Luis Lozada, abogado de MALDEF, detalló que permitir este tipo de conductas “abriría la puerta para que las instituciones financieras discriminen impunemente y evadan responsabilidades, argumentando que un solicitante nunca fue formalmente rechazado”.
Ayala, quien busca representar a otras personas afectadas mediante una demanda colectiva, expresó que se encuentra haciendo todo lo posible por cumplir con la ley y aun así fue discriminada. Ayala reclama que: “esto va más allá de que no me aprueben un préstamo para comprar un auto, se trata de no discriminar a nadie, independientemente de su situación”.
Cabe destacar, que a mediados de 2025, MALDEF presentó una demanda colectiva contra la Cooperativa de Crédito de Georgia por negar servicios financieros a beneficiarios de DACA y otros inmigrantes, basándose únicamente en su estatus migratorio y no en su capacidad crediticia.
