El día de hoy (29 de octubre) la Fiscalía de California emitió un boletín dirigido a las autoridades locales con una serie de instrucciones que tienen como finalidad ayudar a los inmigrantes indocumentados víctimas de delitos graves a presentar la aplicación para una Visa U, la cual les permite obtener un permiso de residencia.

La Fiscalía del estado destacó que la ley SB674 (la cual entrará en función el 1 de enero de 2016) establece que las autoridades locales deben facilitar a las personas indocumentadas víctimas de delitos graves las constancias para solicitar la Visa U. “Proteger a las víctimas de delitos y motivar su cooperación en investigaciones y juicios criminales hace seguras a nuestras comunidades”, se afirma en el boletín.

The ley SB674, ordena a las autoridades locales emitir certificaciones a los inmigrantes indocumentados que han sido víctimas de delitos graves. Algunos de los delitos calificados para solicitar la Visa U son: violencia doméstica, secuestro, extorsión, asalto agravado, fraude en contratación de trabajo, incesto, asalto o explotación sexual y tráfico de personas. La Visa U otorga residencia permanente siempre y cuando la víctima del delito acepte colaborar en la investigación y la acusación formal de los presuntos responsables.

Gloria Saucedo, presidente de la Hermandad Mexicana Transnacional del Valle San Fernando, organización ubicada al norte de Los Ángeles, comentó que la medida es un importante apoyo para muchos indocumentados que temen denunciar los delitos. “Estamos muy contentos de que el estado haya tomado esta decisión de apoyar la medida, porque la mayoría de las víctimas que califican para la Visa U son muy temerosas para pedir los formularios y la certificación”, expresó.

De acuerdo con la activista, “las personas que no tienen documentos son el blanco más débil de los criminales, que las amenazan muchas veces por su condición de indocumentadas”.

Datos del Instituto de Política Pública de California, arrojan que en este estado se concentra la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos, con cerca de 2.6 millones.

Fuente: La Opinión