En una carta enviada por el secretario de Salud de Pensilvania, se explica que el Centro Residencial en el Condado Berks (BCRC) tiene que cumplir con los requisitos de su licencia estatal, o arriesgarse a perder la licencia.
La instalación, que tiene capacidad para 96 detenidos, solo tiene autorización para albergar a niños, pero actualmente también mantiene a adultos y ha solicitado permiso para ampliar el número a 192 personas.
El centro, ubicado en la localidad de Bern, es uno de tres centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que utiliza el gobierno federal para mantener a inmigrantes indocumentados; sin embargo, el Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania amenazó con revocarle la licencia en febrero de 2016 si continúa albergando a niños refugiados y sus familias.
Jennifer Lee, directora legal del Centro Sheller para la Justicia Social de la Universidad Temple, afirmó que las autoridades de Pensilvania no deben perder un minuto más y revocar la licencia. “No está muy claro qué va a suceder, pero creemos que las autoridades ya deberían revocar esta licencia, para que estas familias puedan quedar en libertad”, dijo.
Lee calificó como “altamente positivo” el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió a Estados Unidos poner fin a “la detención automática y arbitraria de familias”, por considerar que eso da fuerza al movimiento nacional contra los centros de detención del ICE.
Por su parte, Kait Gillis, portavoz del DHS de Pensilvania explicó que la agencia estatal emite licencias para “instalaciones residenciales” para niños que, por las razones que sean, “no están acompañados por sus padres o guardianes”.
Gillis agregó que la agencia no otorga licencias para instalaciones de detención que alberguen a unidades familiares y, por lo tanto, considera que el BCRC “no está funcionando como una instalación residencial para niños”.
Fuente: El Diario NY
