Las iniciativas HB 1711 y SB 2108 buscaban imponer nuevas obligaciones de reporte migratorio a agencias de seguridad pública y dependencias estatales, pero no avanzaron durante la sesión legislativa.
Por segundo año consecutivo, la Asamblea General de Tennessee no logró avanzar en propuestas legislativas orientadas a limitar el acceso de estudiantes indocumentados a la educación pública gratuita. Las iniciativas HB 1711 y SB 2108 fueron presentadas durante la sesión legislativa más reciente, pero no alcanzaron los votos necesarios para su aprobación. El estado se sumó a otros seis que comenzaron acciones en contra del acceso a la educación para estudiantes indocumentados, derecho que está garantizado por el caso Plyler v. Doe. Hasta el momento, cinco estados, incluyendo Tennessee, han fallado en sus intentos.
Ambas propuestas formaban parte de un paquete legislativo en materia migratoria que habría introducido nuevos mecanismos de reporte y supervisión para personas que no se encuentran legalmente en el país. Entre sus disposiciones, los proyectos establecían la obligación de las agencias de aplicación de la ley y entidades gubernamentales locales de enviar informes trimestrales a la División Centralizada de Aplicación Migratoria del Departamento de Seguridad del Estado, así como a las autoridades federales correspondientes, sobre presuntas violaciones a las leyes migratorias federales y actividades relacionadas con pandillas. Esos reportes debían incluir a personas arrestadas o detenidas por infracciones a la normativa migratoria federal.
Las iniciativas también contemplaban que el Departamento de Finanzas y Administración elaborara un informe anual, con entrega al gobernador y a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes a más tardar el 31 de diciembre de 2026 y cada año posterior, detallando los costos en que incurre el estado para proveer servicios a personas sin estatus migratorio regular en escuelas públicas, instituciones de educación superior, prisiones, hospitales y agencias de servicios sociales.
En cuanto a las entidades gubernamentales locales, los proyectos les exigían reportar a la división centralizada las violaciones a ordenanzas y resoluciones cometidas por personas que no sean ciudadanas estadounidenses ni extranjeras con residencia legal, así como la recepción de beneficios públicos por parte de ese mismo grupo. Las agencias de seguridad pública también habrían tenido que informar sobre personas en esa condición migratoria que fueran acusadas o condenadas por delitos penales. El incumplimiento de estas obligaciones de reporte por parte de empleados o funcionarios habría constituido un delito menor de Clase A, sancionable con hasta 11 meses y 29 días de prisión, una multa de hasta 2 mil 500 dólares, o ambas penas.
