MALDEF, TheDream.US y la Presidents’ Alliance for Higher Education and Immigration, respondieron a las demandas contra Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington, que elevan a 21 el número de estados señalados por el gobierno federal en los últimos dos años.
El Departamento de Justicia (DOJ) anunció la tarde del 28 de agosto la presentación de cuatro nuevas demandas contra las políticas de equidad en matrícula universitaria dirigidas a los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como Dreamers. Las demandas se dirigieron contra Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington, con lo que la cifra total de este tipo de litigios asciende a 21 en los últimos dos años, según informó el MALDEF.
En este sentido, Thomas A. Saenz, presidente y consejero general de MALDEF, organización que busca intervenir en demandas de matrícula en representación de estudiantes de cuatro estados, calificó los casos como una continuación del mal uso del sistema judicial por parte de la administración Trump para sostener una campaña de hostilidad hacia los inmigrantes. Saenz cuestionó que, si estos casos fueran tan urgentes, la primera administración Trump nunca presentó una sola demanda de este tipo, pese a que todas las leyes estatales y federales relevantes existían desde antes de 2017.
Saenz también señaló que el DOJ ha buscado de manera sistemática, cuando resulta políticamente viable, cerrar acuerdos de conciliación coordinados inmediatamente después de presentar las demandas, al tiempo que ha intentado impedir cualquier intervención en defensa de las leyes de equidad en matrícula.
Por su parte, Gaby Pacheco, presidenta y directora ejecutiva de TheDream.US, señaló que las demandas más recientes forman parte de un ataque coordinado contra la oportunidad educativa, la estabilidad y la seguridad de los Dreamers, con consecuencias que van más allá de este grupo de estudiantes. Pacheco indicó que las historias y estadísticas de los 13 mil becarios de la organización demuestran una realidad que contradice estas 21 demandas, pues las políticas que ofrecen a los Dreamers la oportunidad de estudiar y prosperar no solo benefician a los estudiantes indocumentados, sino a la nación en su conjunto.
Asimismo, Pacheco consideró indignante que el desafío federal a la política de Arizona llegue después de que dicha medida fuera aprobada tanto por la legislatura estatal como por la mayoría de los habitantes de Arizona mediante un referéndum en 2022, y planteó que estos ataques refuerzan la necesidad urgente de una solución federal como la Dream Act.
Finalmente, Miriam Feldblum, presidenta y directora ejecutiva de la Presidents’ Alliance for Higher Education and Immigration, afirmó que los nuevos desafíos a las políticas de equidad en matrícula en Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington elevan a 21 el número de estados señalados por estas demandas, lo que pone en riesgo el acceso y la asequibilidad de la educación superior para cientos de miles de estudiantes. Feldblum sostuvo que cerrar la puerta a la educación superior desperdicia talento, debilita las economías locales y priva a las comunidades de los profesionistas que necesitan. Feldblum concluyó que terminar con estas políticas estatales genera incertidumbre para las instituciones educativas, interrumpe sus misiones académicas y debilita la capacidad de los estados para atender sus necesidades laborales y económicas, y afirmó que las universidades e instituciones miembro de la organización mantienen su compromiso con los estudiantes inmigrantes que han crecido en sus comunidades y estados.
