El gobierno de Estados Unidos refutó la decisión de la jueza federal Dolly Gee para dejar en libertad a las familias de inmigrantes indocumentados que se encuentran en centros de detenciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Con el argumento de que la liberación de los niños y familias de inmigrantes alentaría los cruces ilegales en la frontera, el gobierno justificó la detención prolongada de personas en trámites de deportación expedita o que no tengan casos válidos de asilo político.

El viernes 7 de agosto el gobierno entregó cuatro documentos a un tribunal de California en los que advirtió de que la puesta en libertad de todas las familias con menores “podría causar otro incremento notable en el número de padres que optan por cruzar la frontera con sus hijos”.

La administración pidió a la jueza federal Dolly Gee que revierta su fallo del pasado 24 de julio, argumentando que los centros de detención, en adelante, servirán como “centros de procesamiento” y que, de hecho, las autoridades ya han comenzado a poner en libertad a los detenidos que han demostrado “miedo creíble o razonable” a la persecución.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) quiere reservar las detenciones a familias en trámites de deportación expedita; a las que no hayan demostrado “miedo creíble” a la persecución; o las que no califiquen para otras protecciones de la deportación.

Según datos oficiales, hasta el pasado 3 de agosto, ICE tenía bajo su custodia a 643 familias, integradas por 1 mil 419 personas, en sus centros de detención en Dilley y Karnes, Texas, y en el Condado Berks, en Pensilvania.

Fuente: La Opinión