La propuesta, abierta a comentarios del público hasta el 13 de noviembre, afectaría a trabajadores con visas como H-1B, H-2A, H-2B, L-1, O-1 y TN, y podría traducirse en más trámites y esperas más largas.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) propuso que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) deje de tomar como punto de partida la aprobación anterior cuando revise la solicitud de extensión de una visa de trabajo temporal. La propuesta se publicó el 14 de octubre en el Federal Register, el diario oficial del gobierno federal, y el público puede enviar comentarios hasta el 13 de noviembre de 2026. Todavía es solo una propuesta, por lo que las reglas actuales siguen vigentes mientras no se publique una versión final.
Actualmente, cuando una empresa pide extender la estancia o el empleo de un trabajador mediante el formulario I-129, y las condiciones son las mismas que ya fueron aprobadas, el oficial de USCIS debe partir de la idea de que aquella decisión fue correcta. En la práctica, esto se denomina “deferencia”, es decir, a la aprobación previa. El oficial solo puede apartarse de ella si encuentra un error, un cambio importante en las circunstancias o en los requisitos, o información nueva que afecte la elegibilidad. Con la propuesta, esa regla desaparecería y cada extensión se evaluaría desde cero, como si fuera la primera vez. Los oficiales podrían seguir tomando en cuenta la aprobación anterior si les resulta útil, pero ya no estarían obligados a partir de ella.
La medida se aplicaría a las extensiones de las categorías de trabajo temporal que usan esa vía. Entre ellas están:
- H-1B, para profesionales con estudios especializados
- H-2A, para trabajadores agrícolas temporales
- H-2B, para trabajadores temporales de otros sectores
- L-1, para empleados transferidos dentro de una misma empresa
- O-1 y O-2, para personas con habilidades extraordinarias y su personal de apoyo
- TN, para profesionales de México y Canadá bajo el tratado comercial
- Otras visas como E-1, E-2, E-3, H-1B1, H-3, P, Q-1 y R-1
Para los trabajadores, el cambio podría sentirse sobre todo en los tiempos y en el papeleo. Por su parte, el DHS calcula que la medida alcanzaría a unas 208 mil 429 peticiones al año y que aumentaría en 2.9% la frecuencia con la que USCIS pide documentos adicionales, lo que equivale a unas 6 mil solicitudes más por año. En los años fiscales 2022 a 2025, una petición que recibió ese tipo de solicitud tardó en promedio 76 días en resolverse, frente a 12 días para las que no la recibieron, es decir, 64 días más. El propio DHS reconoce que esas demoras pueden dificultar que las empresas planeen proyectos y personal, y generar incertidumbre a los trabajadores sobre la continuidad de su empleo.
Además, el documento indica también que, si la extensión se presentó a tiempo y sigue pendiente cuando vence el estatus de la persona, esta puede permanecer en Estados Unidos con una estancia autorizada mientras se resuelve el trámite, y en algunos casos podría seguir trabajando. El DHS estima que el costo directo para los solicitantes sería pequeño, unos 133mil 987 dólares al año en total, aunque advierte que hay costos que no cuantifica, entre ellos las demoras.
El DHS sostiene que la deferencia traslada la responsabilidad de demostrar que se cumplen los requisitos de quien pide el beneficio al oficial, que debe justificar por qué se aparta de una decisión previa, algo que la ley migratoria asigna al solicitante. Además, argumenta que puede llevar a repetir errores y hacer menos probable que se detecten peticiones fraudulentas. Según el DHS, la propuesta busca fortalecer la integridad del sistema migratorio y proteger los intereses de los trabajadores estadounidenses. Reconoce que empresas y trabajadores pueden haber hecho planes confiando en la deferencia, pero considera que ese interés es limitado, porque la regla actual no garantizaba la aprobación y su eliminación no cambia los requisitos para obtener la visa.
Esta política ha cambiado varias veces. USCIS la estableció en una memoria de 2004, la revocó en octubre de 2017, la restableció en abril de 2021, la incorporó después a su manual de políticas y, en diciembre de 2024, la plasmó en el reglamento.
