La orientación actualizada, publicada el 18 de agosto, aplica a partir del 18 de septiembre y establece qué categorías de inmigrantes están sujetas a este criterio, qué factores se evaluarán y cómo funcionará el proceso de fianzas por carga pública.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) emitió una guía actualizada en su Manual de Políticas que explica cómo la agencia determinará si una persona extranjera que solicita el ajuste de estatus a residente permanente legal es susceptible de convertirse en carga pública en algún momento. Esta actualización responde a una regla final anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 16 de julio de 2026, que revoca las regulaciones sobre inadmisibilidad por carga pública emitidas en 2022 durante la administración Biden.
La regla final se publicó formalmente en el Registro Federal el 20 de julio de 2026 y entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026. Según USCIS, la guía actualizada se alinea con la intención del Congreso de que las personas extranjeras en el país sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados con recursos de los contribuyentes.
La guía detalla qué categorías migratorias están sujetas al criterio de carga pública y cuáles quedan exentas por disposición del Congreso. Entre las categorías sujetas a este criterio se encuentran los cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses, los hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses y sus hijos, los cónyuges e hijos de residentes permanentes legales, los hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses y sus familias, hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses, prometidos de ciudadanos estadounidenses, trabajadores con prioridad migratoria, profesionales con títulos avanzados, trabajadores calificados, inversionistas, personas asiladas y refugiadas, trabajadores religiosos, personal de las fuerzas armadas de Estados Unidos, inmigrantes de la lotería de visas de diversidad, y ciertas personas que ingresaron al país antes del 1 de enero de 1982, entre otras categorías.
Entre las categorías exentas del criterio de carga pública se incluyen intérpretes afganos e iraquíes que trabajaron para el gobierno de Estados Unidos o en su nombre, personas cubanas y haitianas que ajustan su estatus bajo distintas leyes específicas, menores inmigrantes especiales, solicitantes bajo el Estatus de Protección Temporal, víctimas de trata de personas con visa T, víctimas de ciertos delitos con visa U, autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, cónyuges e hijos sobrevivientes de miembros de las fuerzas armadas, y varias otras categorías definidas por leyes específicas relacionadas con nacionalidades o circunstancias particulares.
Aunque la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) no define de manera explícita el concepto de carga pública, el Congreso ha establecido cinco factores que los oficiales de USCIS deben considerar al hacer esta determinación:
- Edad de la persona
- Estado de salud
- Situación familiar
- Bienes, recursos y situación financiera
- Educación y habilidades
Asimismo, la ley también permite que los oficiales consideren el Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico, mediante el cual una persona se compromete a usar sus recursos financieros para apoyar al solicitante.
Además de estos cinco factores, USCIS considerará cualquier otro elemento relevante para evaluar la probabilidad de que la persona se convierta en carga pública, incluida la recepción de beneficios públicos sujetos a evaluación de recursos económicos, como asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos, ayuda para vivienda, cupones de alimentos o ayuda financiera para estudios universitarios.
Por otro lado, para los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026, USCIS únicamente tomará en cuenta la asistencia pública en efectivo para mantenimiento de ingresos y la institucionalización de largo plazo a expensas del gobierno. Para los beneficios recibidos a partir de esa fecha, la agencia podrá considerar cualquier tipo de beneficio de este tipo. USCIS revisará toda la evidencia relevante en el expediente de cada persona y tomará decisiones caso por caso, considerando la totalidad de sus circunstancias.
La guía también explica el proceso de fianzas por carga pública, por ejemplo, si un oficial de USCIS determina que una persona solicitante de ajuste de estatus es inadmisible únicamente por ser susceptible de convertirse en carga pública, podrá invitarla a presentar una fianza. Se trata de una garantía financiera mediante la cual una persona o empresa paga una fianza en efectivo o una fianza de garantía ante USCIS como aseguramiento de que el solicitante no se convertirá en carga pública. Si la fianza se presenta conforme a las instrucciones del formulario y al aviso emitido por el oficial, la solicitud de ajuste de estatus puede ser aprobada. Para determinar el monto de la fianza, el oficial considerará cuánta asistencia gubernamental podría recibir la persona en los siguientes cinco años. La fianza se presenta mediante el Formulario I-945, y solo puede someterse cuando USCIS emite una invitación formal a través de un Aviso de Intención de Negar; la agencia no aceptará fianzas que no hayan sido solicitadas expresamente.
Esta guía sustituye cualquier orientación previa relacionada, incluida la Guía de Campo Provisional de 1999, y entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026. Se aplicará a todas las solicitudes del Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, que estén sujetas al criterio de carga pública y que se presenten, ya sea por correo o de forma electrónica, a partir de esa fecha.
