El documento ordena a varias dependencias federales coordinarse para vigilar a los empleadores patrocinadores, con especial atención a los despidos de trabajadores estadounidenses.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva titulada “Mejora de la integridad del programa y la coordinación interinstitucional en la administración del programa de visas de no inmigrante H-1B”. La medida establece que las dependencias federales competentes deberán adoptar acciones para proteger a los trabajadores estadounidenses frente a lo que el gobierno califica como un uso abusivo del programa de visas H-1B, destinado a profesionales en ocupaciones especializadas.
En el apartado de propósito, la orden sostiene que el programa fue creado para identificar a trabajadores extranjeros temporales con habilidades singulares y altamente especializadas que complementen de manera estratégica la economía estadounidense. Según el texto, esa finalidad ha sido desvirtuada por ciertos empleadores, empresas de colocación de terceros y firmas de subcontratación que utilizan el programa para desplazar la oferta de mano de obra calificada de los trabajadores locales. El documento afirma que estas prácticas han afectado los salarios, las condiciones laborales y las oportunidades de empleo de los trabajadores estadounidenses.
El texto indica que la brecha salarial estimada entre los titulares de una visa H-1B y trabajadores comparables nacidos en Estados Unidos parte de 9 mil dólares y puede llegar a 20 mil en las industrias que más dependen del programa, pese a que la ley exige un pago equivalente. Asimismo, señala que los empleadores del sector tecnológico han solicitado visas H-1B para cientos de miles de trabajadores, mientras que entre 2022 y 2026 habrían despedido a entre 800 mil y 1.3 millones de empleados estadounidenses. Añade que, en el Año Fiscal 2026, los seis mayores usuarios del programa con un modelo de negocio basado en la subcontratación concentraron más de 25 mil registros dentro del cupo anual.
La orden describe además un patrón de incumplimientos identificado por distintas agencias en investigaciones en curso. Entre ellos menciona el desplazamiento de trabajadores estadounidenses o la preferencia por trabajadores extranjeros, la tergiversación de las funciones y requisitos de los puestos para evitar contratar o capacitar a personal local o para reducir los salarios exigibles, y la presentación de títulos extranjeros cuestionables, provenientes de instituciones que, según el gobierno, operan como “fábricas de diplomas”, para acreditar las calificaciones de los solicitantes. El documento también plantea que estas prácticas constituyen una amenaza para la seguridad nacional, al señalar que autoridades policiales han investigado a firmas de subcontratación dependientes del programa por fraude de visas y conspiración para el lavado de dinero, y que desalientan a los estadounidenses de seguir carreras en ciencia y tecnología.
En cuanto a las medidas concretas, la orden dispone que el Departamento de Estado, el Departamento del Trabajo y el Departamento de Seguridad Nacional coordinen y consulten con el Departamento de Comercio, el Departamento de Educación y la Administración de Pequeñas Empresas durante el procesamiento de peticiones, solicitudes de condiciones laborales y visas. Estas últimas tres instancias deberán aportar la información salarial, laboral, académica, industrial o económica que resulte pertinente para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Asimismo, las tres dependencias principales deberán considerar, al evaluar cualquier solicitud, petición o visa H-1B, si el empleador patrocinador realizó despidos de manera directa o indirecta durante el último año, o si prevé hacerlos en el futuro, cuando estos afecten el empleo de trabajadores estadounidenses en situación similar. La orden fija además un plazo de 30 días para que el Departamento del Trabajo, a través de la División de Salarios y Horas, comience a revisar los datos de solicitudes de condiciones laborales ya presentadas, con el fin de determinar si corresponde emprender acciones adicionales contra los empleadores patrocinadores.
El documento delega en los secretarios de Estado, Comercio, Trabajo y Seguridad Nacional la autoridad presidencial prevista en la sección 215(a) de INA, en la medida necesaria para implementar la orden, lo que incluye emitir reglas, políticas y guías operativas.
