Ulises Guerrero fue uno de los inmigrantes detenidos en la última gran redada hecha por ICE, en una fábrica en Los Ángeles.
“A todo dar.” Así se siente Ulises Guerrero al mostrar orgulloso la tarjeta de residencia permanente que acaba de obtener.
No es de menos. Conseguirla le tomó casi 10 años de lucha contra una orden de deportación.
El mexicano fue uno de los 168 trabajadores detenidos en la última gran redada en una fábrica de Los Ángeles. Ocurrió el 7 de febrero de 2008. Su turno de las 3:00 p.m. acababa de empezar en Micro Solutions Enterprises, una empresa de Van Nuys que producía cartuchos para impresoras.
Guerrero, de 37 años, había estado trabajando allí por cinco años y era un supervisor.
Cuando vio entrar a los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pensaron que eran policías que habían ido a revisar denuncias de robos en los autos en el estacionamiento de la compañía.
Los agentes migratorios cerraron calles cercanas y rodearon a los 200 empleados que se encontraban en la fábrica.
“Tres agentes vinieron y nos dijeron que hicieramos una fila, una para los que tenían papeles y otra para los que no tenían”, recordó Guerrero.
ICE llegó a la empresa buscando a ocho personas con antecedentes penales, incluyendo sospechosos de usar identificaciones falsas. Al final del operativo, detuvieron a 168 indocumentados, Guerrero entre ellos.
Todos fueron esposados, subidos a autobuses y llevados a la cárcel de Migración en el centro de Los Ángeles. Guerrero estuvo ahí cuatro días y dice que había mucha presión para que firmaran su salida voluntaria.
“Te decían, si firmas hoy vas a estar en tu casa (en México), ya no vas a estar encerrado”, cuenta.
Pero no firmó y fue liberado después de pagar una fianza de $1,500 dólares. Eso le evitó tener que llevar un monitor de tobillo como el resto de los inmigrantes que no podían pagar esa cantidad mientras esperaban ver a un juez de migración.
Por varios meses después, un agente de ICE llegaba a su casa dos veces por semana. No podía trabajar y vivía de lo que conseguía en organizaciones comunitarias. Luego empezó a laborar casi a escondidas y recibiendo un pago “bajo la mesa”.
Mientras y gracias a la atención mediática que generó el caso, cada vez que iba a la Corte de Migración, su abogado le conseguía extensiones de seis meses para permanecer en el país. Le ayudó no haber tenido ningún antecedente criminal en su récord. Pero admite que muchas veces pensó en tirar la toalla.
“Tenía la presión que me iban a deportar. A la larga nada más estás pensando en eso”, dice.
En 2011 conoció a su actual esposa, Sandra Zamorano, una estadounidense con quien se casó después. Ahora tienen dos hijos y uno más en camino. En 2015, con su ayuda, comenzaron el proceso para regularizar su estatus.
Su orden de deportación fue finalmente revocada el año pasado y acaba de recibir la ansiada “green card”.
“Me siento libre, que puedo echarle más ganas para salir adelante”, expresa Guerrero.
Relata que muchos de sus compañeros se dieron por vencidos y dejaron de pelear sus casos, optando por regresarse a sus países.
Su caso, dice, muestra que no hay que dejarse vencer y hay que seguir luchando.
“Sí hay esperanza. Mientras uno no firme, tiene derecho a pelear el caso”.
Fuente: La Opinión
