Los estudiantes indocumentados deberán pagar tarifas más elevadas para acceder a educación universitaria en Texas.
El 4 de junio de 2025, el gobierno federal de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Texas en un tribunal distrital, argumentando que las leyes estatales que permiten a estudiantes indocumentados acceder a matrículas universitarias estatales o in-state tuition, equivalentes a las de residentes y ciudadanos, son inconstitucionales. La demanda se basa en que estas disposiciones contradicen explícitamente una ley federal de 1996 que prohíbe beneficios educativos preferenciales para inmigrantes indocumentados si no están disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses, independientemente de su residencia. El estado de Texas, por su parte, no opuso resistencia alguna, y solicitó a un juez que anulara la ley. La demanda y la terminación de la ley ocurrieron en cuestión de horas.
La matrícula estatal en Texas, al igual que en otros estados, permitía que estudiantes, sin importar su estatus migratorio, que se graduaron de una preparatoria de su estado de residencia accedieran a tarifas universitarias reducidas. Mientras que estudiantes residentes de otros estados pagaban cuotas más elevadas. La ley federal establece que los inmigrantes indocumentados no pueden recibir beneficios educativos basados en residencia, como matrículas reducidas a menos que esos mismos beneficios estén disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses, incluso los de otros estados.
Esta ley fue promulgada en 1996 bajo el Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA) para evitar incentivos a la migración irregular. Sin embargo, la Ley de Texas promulgada en 2001, permitía que en Texas los estudiantes indocumentados paguen matrículas de residente, aproximadamente 50 dólares por crédito si cumplían con los requisitos como: graduarse de una preparatoria en Texas y residir en el estado durante al menos 3 años antes de graduarse. En cambio, ciudadanos estadounidenses de otros estados deben pagar matrículas más altas, de hasta 200 dólares por crédito.
El gobierno estadounidense argumenta que leyes como la de Texas parecen contradecir la ley federal. Asimismo, el Departamento de Justicia (DOJ) afirma que Texas ignora la jerarquía de las leyes federales sobre las estatales, al crear un beneficio exclusivo para indocumentados.
Este caso es de suma importancia, ya que podría tener implicaciones a nivel nacional, pues actualmente 18 estados tienen políticas similares a las de Texas. Si el tribunal falla a favor del gobierno federal, decenas de miles de estudiantes indocumentados perderían acceso a educación superior a costo reducido. Además, la decisión también podría reforzar el control federal sobre políticas migratorias.
DOJ
https://www.justice.gov/opa/media/1402576/dl?inline=&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
INSIDE HIGHER ED
TEXAS TRIBUNE
