90 días es el lapso que tiene la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para poner en libertad a cerca de 1 mil 700 inmigrantes indocumentados, incluyendo madres y niños, que se encuentran en tres centros de detención ubicados en Karnes City y Dilley, Texas, y en el Condado Berks, Pensilvania.
El encierro de estas familias de inmigrantes indocumentados ocurrió desde el año pasado. Debido a la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur, el gobierno federal adoptó la política de detención masiva de familias inmigrantes para disminuir la emigración ilegal proveniente de Centroamérica.
A causa de presiones por parte de grupos de la comunidad inmigrante, así como el dictamen de otro juez federal en el pasado mes de febrero, la ICE indicó en junio que dejaría en libertad a las personas que demuestren elegibilidad para obtener asilo político.
El pasado viernes 24 de julio, la juez federal Dolly Gee, en California, determinó que la práctica de detener a familias de inmigrantes indocumentados viola un acuerdo de 1997, llamado “Acuerdo Flores”, que prohíbe la detención de inmigrantes menores de edad. Asimismo, la juez dio al ICE hasta el 3 de agosto del presente año para justificar el encierro de madres y niños, quienes huyen de la violencia en sus países de origen.
Sin embargo, hasta el momento el proceso de liberación se ha caracterizado por el caos, de acuerdo a opiniones de activistas y abogados de inmigración, quienes también criticaron el uso de grilletes electrónicos utilizados para vigilar a las mujeres puestas en libertad en Karnes y Dilley. Ante tales cuestiones, el martes pasado, los mismos activistas exigieron poner “punto final” a esta práctica.
Fuente: La Opinión
